El relator especial para jueces y fiscales de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Leandro Despouy, que investiga la situación de la justicia en Ecuador, reclamó este jueves en Quito una mayor independencia política para ese poder del Estado.
 
Aunque no anticipó conclusiones sobre sus indagaciones, Despouy señaló a la emisora Radio Quito que "la credibilidad, solvencia y probidad son indispensables para el sistema judicial de una nación".
 
El relator recordó que su misión en Ecuador se concentró en conversar con autoridades, magistrados y empleados judiciales sobre las denuncias que grupos opositores han hecho en contra de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
 
Despouy se encuentra desde el pasado domingo en Quito y prevé concluir hoy su investigación, después de entrevistarse con el presidente del país, Lucio Gutiérrez.
 
El relator aclaró que el informe que presentará a la ONU sobre la situación de la justicia en Ecuador intenta sobre todo entregar un mensaje moral al país andino.
 
El emisario anunció que mañana presentará algunas notas relevantes de las conclusiones de su trabajo, aunque precisó que el informe final será presentado en abril próximo, en la reunión anual de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que se celebrará en Ginebra.
 
Durante esta semana, Despouy ha conversado con altos cargos del poder judicial, del Parlamento y del Ejecutivo, así como con opositores y funcionarios judiciales.
 
El relator señaló a varios representantes sociales y políticos el problema que hoy aqueja a la función judicial, y afirmó que solo la disposición de ellos a dialogar podría allanar las dificultades.
 
Despouy también indicó que sería importante lograr una articulación de todos los poderes del Estado para que la sociedad confíe en su justicia.
 
Asimismo, advirtió de que la política, la corrupción y la debilidad estructural de la propia justicia son una amenaza para la independencia del poder judicial.
 
Comentó que en Latinoamérica se han registrado avances en la libertad y la democracia, pero que aún falta mucho por hacer en los asuntos relacionados con el bienestar de la población y credibilidad de los organismos judiciales.
 
La pugna política en Ecuador se agudizó el pasado 8 de diciembre, cuando una mayoría parlamentaria afín al Gobierno logró reestructurar la Corte Suprema de Justicia, en una maniobra que la oposición calificó de ilegal porque, supuestamente, se violó la independencia y autonomía de ese poder del Estado.
 
Además, los opositores aseguran que con la reestructuración de la Corte Suprema Gutiérrez el Ejecutivo controla casi todos los organismos del Estado.
 
Gutiérrez niega tales aseveraciones y asegura que, con esos cambios, la Justicia se liberó de un "secuestro" al que los opositores (especialmente el Partido Social Cristiano) la habían sometido durante los últimos veinte años.