Los acontecimientos de violencia que se vienen suscitando en el país dentro del escenario político, donde algunos han sido víctimas de ataques, han  traído acusaciones entre el Gobierno, cuyos voceros alegan que podrían tratarse de autoatentados para ganar protagonismo político, y la oposición, que aducen que son acciones intimidatorias para impedir las protestas contra un régimen que consideran dictatorial.

Lo anterior amerita una reflexión de la institucionalidad de la Policía Nacional, en aras de salvaguardar su credibilidad. Su rol se enmarca en garantizar la seguridad interna de los ciudadanos ecuatorianos y extranjeros que habitamos en el territorio nacional. Es necesario que la Policía Judicial, encargada de asistir al Ministerio Público en la investigación del delito, conforme al Código de Procedimiento Penal, no esté subordinada administrativamente al Ministerio de Gobierno, pues bajo estas circunstancias sus investigaciones frente a hechos lamentables se prestan al manoseo de sectores interesados y a la presión política, lo cual resta credibilidad a su sacrificada labor. Debemos dar todo el apoyo a la Policía, y el Congreso tomar esta reflexión, incluyendo al Gobierno, como colegislador.

Ab. Alejandro Vargas Pilaló
Guayaquil

Sobre los ataques que han soportado quienes hacen notar los errores del régimen y los políticos que lo respaldan, opino que la violencia se ha dado con mayor viveza y se debe al miedo de quienes son desenmascarados.

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Tienen miedo de perder prebendas logradas a base de vender sus conciencias; temen al saber que su accionar político se fundamenta en ideología caduca y que en dos años solo serán un mal recuerdo. Como no poseen argumentos para sostener la ilegalidad de sus actos recurren a la violencia, golpes, disparos; pero no se dan cuenta que sus detractores somos la mayoría de ecuatorianos, y si no fuera por el respaldo de grandes intereses económicos, no podrían sostenerse.

Nicolás Brito Grandes
Guayaquil

Salvajes agresiones como la que se cometió contra el abogado León Roldós Aguilera no son sino el reflejo de lo que sucede en el país.

El irrespeto total a la Constitución, leyes, autoridad y al pueblo es producto de la prepotencia e ignorancia de quienes se creen dueños de la verdad absoluta, no permitiendo que fluyan pensamientos y acciones de personas que tratan de encaminar al Ecuador.

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Si los agresores se escudan bajo membretes de dirigentes no pueden hechos como ese quedar en la impunidad. ¡Sanción para estos bárbaros!

Dr. Eduardo Moreno Robles
Zamora

Hace tiempo empecé a creer que nuestro país avanza con al menos 30 años de retraso cultural respecto de los demás de la región; una de las más evidentes pruebas de esto son nuestros sistemas de salud, educación y seguridad social; pero las pruebas, lamentablemente, no terminan ahí.

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El asunto es triste y desagradable, pero lo es aún más cuando pienso que esos 30 años de retraso significan que nuestro país está entrando a sus “años 70”, no a los de los cabellos largos y pantalones acampanados, sino a los de la represión directa y cruel, de abuso e intolerancia.

Una mirada alrededor nuestro parece confirmar esos temores: la violencia crece, y para enfrentarla solo hablamos de represión (de policía privada o no, armas, vehículos...).

Las grandes disputas sobre la administración de justicia no son realmente sobre su “administración”, sino sobre el control que permita la represión del “otro”. En el plano individual, se habla de toques de queda para “proteger a los menores”, aunque este toque parecería haberse iniciado antes de su anuncio oficial. Cito lo que presencié hace un par de fines de semana, cuando en la madrugada, carros de la Policía Nacional circulaban por la avenida Nueve de Octubre y sus ocupantes se bajaban para en forma amenazante enviar a dormir a cualquier persona que encontrara en la zona. “Vayan a su casa a dormir, o si no, nosotros tenemos un lugar donde pueden pasar la noche”, era la orden o amenaza que se impartía a los locales y a unos sorprendidos turistas.

¿Policías diciéndonos a qué hora debemos irnos a dormir? Preocupante situación para una ciudad regenerada y en vías de consolidarse en destino turístico importante en la región.

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La evidente amenaza y el abuso de autoridad se sienten ya en diversas formas en la ciudad y el país. ¿Son hechos aislados? ¿Serán los años 70 que llegan?
Esperemos que la respuesta no nos tome por sorpresa, incapaces de reaccionar.
Es hora de mirar más allá de lo evidente y reflexionar con profundidad sobre lo que ocurre a nuestro alrededor.

Antonio Perrone González
Guayaquil

No se descubre ni sanciona a los culpables de ataques y amenazas que causan repudio y temor colectivo, porque tenemos en el país una justicia corrupta, secuestrada por la política, manejada a los antojos de quienes influyen en ella cambiando funcionarios, reformando leyes; hábil y despreciable manera de llevarla a  desquiciados intereses.

Entonces, ¿qué se puede descubrir y castigar por la mal utilizada ley? En nuestra colectividad, cuántos casos de horror han sido temas de crónicas rojas que ahí terminan para siempre; jamás se vuelve a saber nada al respecto, si encontraron a los culpables, si fueron sentenciados con la más alta condena.

Solo en escasas ocasiones se ha escuchado brillar la justicia en repudiables hechos. No existe ley, justicia, que se pronuncie hacia quien en un momento las ha necesitado.

En un país como Ecuador donde la salud, educación, quedan al margen de los presupuestos del pueblo, no hay respeto a los demás. Existen muchas personas víctimas de atentados, que conservan esa amarga experiencia de haber sido atropelladas por la justicia. Es la triste realidad de una sociedad sumergida en hechos basados en impunidad.

Stalyn Nonura Muñiz
Guayaquil