El presidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez, remitió este martes al parlamento un proyecto de ley con el que intenta reformar los sectores petrolero, eléctrico, previsional y laboral, entre otros, para consolidar el crecimiento y potenciar el ingreso de inversiones al país.
 
El proyecto de 95 artículos y 11 disposiciones transitorias fue remitido por Gutiérrez --un militar retirado con 26 meses de gestión presidencial-- al parlamento unicameral con rótulo de "urgente", lo que obliga a los 100 diputados a aprobarlo, reformarlo o negarlo en un plazo de 30 días.
 
Las reformas son consideradas "clave" por organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acelerar el crecimiento económico alcanzado desde que el país adoptó el dólar como moneda en el 2000, abriendo sectores que están bajo control estatal a la inversión privada.
 
La Ley Orgánica de Racionalización Económica del Estado es la propuesta de cambio más importante que ha lanzado Gutiérrez, quien tiene el respaldo de apenas cinco escaños en el parlamento y ha convertido a su gestión económica, aplaudida por los organismos multilaterales, en su carta de presentación.
 
La suerte del proyecto que modifica al menos 17 leyes estará en manos de partidos populistas con los que el mandatario tomó a fines del 2004 el control de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y otros organismos, pero que históricamente han sido renuentes a este tipo de reformas.
 
Por su parte, la oposición ha estado concentrada en una disputa en torno a la Corte Suprema, pero el ministro de Economía, Mauricio Yépez, confió en que el nuevo proyecto será aprobado.
 
"Son temas trascendentales para el Ecuador", aseguró. 
 
DESDE SISTEMA PREVISIONAL A MARCO LABORAL
 
Gutiérrez planteó en el proyecto la posibilidad de que administradoras privadas entren en el manejo de los aportes que realizan los trabajadores al estatal Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), ente rector del sistema previsional.
 
El mandatario intenta revivir así al sistema mixto de pensiones, que fue declarado recientemente "inconstitucional" por el Tribunal Constitucional por supuestas violaciones legales y que es considerado vital para potenciar el mercado de capitales.
 
Gutiérrez propuso además elevar de 30,9 a 60 por ciento el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) aplicado a la cerveza, con lo que aspira a recabar 40 millones de dólares anuales para cubrir el alza del costo de las pensiones y sueldos de la administración pública.
 
En materia petrolera clarifica las normas para que la estatal Petroecuador contrate a empresas privadas, a través de contratos de bienes y servicios, para elevar la alicaída producción de sus campos a cambio de una participación en el crudo adicional que generen, o su equivalente en efectivo.
 
La propuesta eliminaría las dudas de las empresas respecto al alcance de estos contratos y el pago de sus servicios. Petroecuador tendría la opción de aplicar esta modalidad legal a todas las fases de la industria, incluidas las refinerías.
 
Las empresas podrían operar los campos o unidades de refinación, una posibilidad no contemplada en la legislación vigente. Petroecuador mantendría el control de la producción que reporten los campos antes de la vigencia de los contratos y los socios sólo accederían a una parte de la producción adicional.
 
En lo referente al sector eléctrico, Gutiérrez busca que los subsidios tarifarios sean incluidos en el presupuesto estatal a fin de desahogar a las generadoras y distribuidoras estatales y asegurarles el pago a los operadores privados.
 
El resto de reformas incluye de la reducción del 15 al 5 por ciento en la participación que los empleados tienen en las utilidades de las empresas, mecanismos expeditos para que el Estado venda activos y modificaciones para la entrega de recursos a municipios y prefecturas.