Las autoridades colombianas redoblaron en las últimas semanas los mecanismos de seguridad en las prisiones, al encontrar  pruebas de que guerrilleros y paramilitares recluidos en esos penales intentan armarse y para ello ofrecen millonarias sumas, reveló este lunes un informe de prensa.
 
El subdirector del estatal Instituto Nacional Penitenciario (Inpec),  coronel Félix Mayorga, precisó al diario El Tiempo de Bogotá que el pasado 28  de febrero, la guardia de la cárcel de Vistahermosa en la ciudad de Cali (500  km al suroeste de Bogotá) encontró un arsenal que incluía un lanzagranadas y  seis granadas de fusil.
 
Además se encontraron dos pistolas, igual número de revólveres, dos  granadas de fragmentación, tres proveedores y 331 cartuchos.
 
Según el oficial, tres días después dos internos de esa cárcel murieron  acuchillados, y se investiga si éstos fueron muertos para ocultar la identidad  de los dueños del armamento.
 
De acuerdo con el Inpec, del 20 de agosto de 2002 al pasado 23 de febrero,  fueron decomisadas en las cárceles armas suficientes como para una batalla: 32  fusiles, 208 revólveres y pistolas, 210 proveedores, 15.554 cartuchos, 229  granadas y trece kilos de explosivos.
 
"Estas cifras son una vergüenza", admitió Mayorga al diario, tras señalar  que la guerrilla y los paramilitares estarían pagando dos o tres millones de  pesos (de 850 a 1.290 dólares) por ingresar un fusil y un millón (429 dólares)  por una pistola.

Al decomiso de armamento se suman los informes según los cuales las Fuerzas  Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ofrecieron varios millones de pesos  por la muerte de la guerrillera Omaira Rojas (alias Sonia ), extraditada el  miércoles pasado a Estados Unidos, y más recientemente por la del ideólogo de  ese grupo, Yesid Arteta, recluido en un sitio secreto.
 
En otro hecho que causó la alerta en el interior del Inpec, 21 reclusos, al  parecer todos de las FARC, protagonizaron el pasado 25 de enero una cruenta  fuga de la cárcel de Picaleña, en la ciudad de Ibagué (213 km al suroeste de  Bogotá) para la que se utilizaron armas de fuego y explosivos de alto poder.  Seis internos murieron en el hecho.
 
El informe recuerda que los guardianes de las cárceles han señalado que la  mayor parte de las armas, alcohol y estupefacientes ingresan durante las  visitas, debido a que el personal no es suficiente para requisar, por ejemplo,  a 4.000 o más personas que ingresan un sábado o un domingo a la cárcel Modelo  de Bogotá.
 
El Inpec calcula que el déficit de guardianes es de unos 4.700. Según  Mayorga, mientras las cárceles recibieron a unas 20.000 personas en los dos  últimos años, el cuerpo de guardia se ha incrementado en apenas 400  funcionarios.