Foro de lectores

¿Está de acuerdo con la propuesta política de reorganizar la Corte Suprema de Justicia?

El deseo es que se despoliticen las cortes.

Se deberían nombrar uno o dos candidatos por cada institución social: organizaciones no gubernamentales, universidades, asociaciones empresariales, de trabajadores, municipios y consejos provinciales en el país; es decir tantos candidatos como organizaciones existan y designen.

Estos candidatos previamente deberán haber sido calificados, y sus nombres enviados al Congreso para que este señale el día que a su vez serán conocidos, para que en presencia de delegados de las instituciones que enviaron los nombres de los candidatos, sean sorteadas las listas de los nominados según el número de miembros que componen la Corte.

Esa sería una forma más democrática, ágil, sin recurrir a la consulta popular.
No me parece válido nombrar una junta de notables, porque habría que establecer quiénes tienen la capacidad de designar a los notables.

Ela Coronel de Chacón
Guayaquil

Es imposible estar de acuerdo con una propuesta de políticos  quienes solo quieren acaparar el poder económico, electoral, judicial...

El único soberano por mandato de la Constitución es el pueblo, el único notable.
En este sentido, los diputados, por ética, no deberían volver a intervenir en la designación de una nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Ab. Rodrigo Cadena Romero
Manabí

Sí estoy de acuerdo en la reorganización de la Corte Suprema con un referendo popular.

Debe nombrarse una Asamblea Constituyente para que redacte el nuevo concepto de Constitución, basándose en los cambios que el Ejecutivo quiera implantar y en las ideas del Congreso.

Que se reúna al pueblo en un cabildo abierto en cada provincia del país, para recoger las ponencias de cada cantón y enviarlas a la Asamblea Constituyente, dándose un plazo de 60 días para que se redacte el documento, que deberá aprobarlo el pueblo en un referendo nacional, poniéndolo en efecto inmediatamente.

Vicente Falcones Velásquez
Guayaquil

Dos elementos deben observarse para que la designación de magistrados sea constitucional: que la elección no proceda del Congreso; y que sea necesaria la participación de un colegio electoral.

Propongo llamar a un concurso público de merecimiento, para que participe la mayor parte de candidatos, sin auspiciantes, eliminando a quienes no reúnan requisitos formales y de probidad; lo cual correspondería al colegio electoral elegido por la sociedad civil. Solo en Guayaquil, Quito y Cuenca existirán más de 20.000 abogados. De los cuales 2.000 deberán tener título de doctor (con más de un año) y más de 15 años de ejercicio profesional, de cátedra universitaria o magistratura.

Se contarían no menos de 500 abogados elegibles, que por esta sola vez serían sometidos a un sorteo público transparente.

Los abogados deberíamos negarnos a participar en la selección, si se mantiene la tradición de ser apadrinado por algún personaje al que se le deba pagar luego el favor de esa designación.

Dr. Víctor Castillo Villalonga
Guayaquil
 

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