Más de 44 millones de euros ($ 58’960.000)  pagó el gobierno español en ayudas económicas a las víctimas y familiares de los atentados de trenes en Atocha, la mayor tragedia terrorista de la historia de España, que dejó 192 muertos, entre ellos seis ecuatorianos  y miles de heridos.

A pesar de la cifra, al año de las explosiones todavía hay casos por resolver.

Según el balance que hace el Ministerio del Interior, hasta este mes se han  resuelto los expedientes de 190 de las víctimas mortales. Los familiares de los fallecidos recibieron un promedio de 220.000 euros  ($ 294.800) del gobierno español a más de las indemnizaciones que pagó la aseguradora de los trenes de Renfe y las ayudas de la comunidad de Madrid.

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Fuentes del Ministerio del Interior confirmaron a este Diario que los dos expedientes de indemnización de víctimas mortales están pendientes por falta de documentos.

Al ecuatoriano Luis Alberto Tenesaca, quien perdió en los ataques a su hijo José Luis Tenesaca, de 17 años, no le gusta hablar de las cifras recibidas como indemnizaciones. “En nuestro caso nos han cumplido todo… pero por todo el dinero del mundo que nos puedan dar no nos va a devolver a nuestro hijo”, dice.

Jesús Abril, miembro de la directiva de la Asociación víctimas del 11-M, cree que en el caso de los fallecidos, la resolución de los expedientes estaba más clara. Por una parte, explica, había la evidencia del cuerpo,  por otra -en lo legal- la indemnización se encontraba tipificada en la ley contra el terrorismo español.

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Pero Abril señala que la situación es compleja para aquellas personas con lesiones físicas o psicológicas, especialmente quienes estaban en situación de indocumentados y por temor no se atendieron de inmediato.

“(En las oficinas del Ministerio del Interior) pidieron documentación que algunas víctimas presentaron y otros no, algunos fueron a hospitales, a otros los atendieron en sus casas o simplemente no lo hicieron. Ha pasado un año y los problemas continúan, no se han resuelto”, asegura Abril.

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En el caso de los ecuatorianos afectados, la situación es similar a la generalidad de perjudicados. El embajador de Ecuador en Madrid, Francisco Carrión, indica que aún se buscan soluciones para algunos expedientes.

Según Carrión, la principal dificultad ha sido conseguir el reconocimiento de víctima del atentado, excepto para los  familiares de los decesados. En los registros de la oficina diplomática constan 148 heridos ecuatorianos, 18 graves y 130  leves. Para estos últimos fue más difícil la situación “porque no se acercaron a los hospitales por temor o estuvieron poco tiempo en ellos”, manifiesta.

Esa situación también ha sido  un obstáculo para conseguir la regularización, una de las promesas del régimen español para los afectados del 11-M y familiares.
Los ecuatorianos, por ejemplo, presentaron  921 solicitudes, de las cuales solo resultaron aprobadas 482, el resto fue rechazado, especialmente porque no acreditaron ser “afectados directos”,  informan fuentes del Ministerio Interior.

La cifra representa el 26% del total de inmigrantes (1.808) a quienes el gobierno español concedió la residencia tras la tragedia de Atocha. En total, los inmigrantes de diferentes nacionalidades presentaron 2.590 pedidos de regularización.

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AYUDAS

SOLICITUDES
Un total de 2.590 solicitudes, de las cuales 921 eran de ecuatorianos, fueron presentadas para beneficiarse de las ayudas e indemnizaciones ofrecidas por el gobierno español.

BENEFICIADOS
Entre los ecuatorianos que presentaron su solicitud, 482 fueron aprobados y recibieron ayudas económicas, residencias o la nacionalidad española.

HERIDOS
Según la Embajada ecuatoriana en Madrid, el total de ecuatorianos heridos por el atentado fue de 148, de ellos 18 fueron graves y 130 leves, estos últimos tuvieron problemas para beneficiarse de las ayudas porque no acudieron a lugares para recibir atención médica o psicológica.