El presidente de la República, coronel Lucio Gutiérrez, entregó anoche una carta al superintendente de Bancos, Alejandro Maldonado, en la que solicita la remoción inmediata del liquidador de Filanbanco, Xavier Izurieta, por no estar legalmente calificado, ni ser la persona idónea para cumplir las funciones de liquidador de una institución financiera.

Esa es la principal resolución de la reunión mantenida desde las 19h30 hasta las 21h30 en Carondelet entre los representantes de la Junta Nacional de Acreedores de Filanbanco (JNA), el Jefe de Estado y el Superintendente de Bancos.

La JNA está presidida por el secretario de la Administración Pública, Óscar Ayerve.

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En la tarde, el superintendente de Bancos afirmó que someterá a análisis la designación de Ayerve como presidente de la JNA, cuestionado por otro grupo de perjudicados.

“Haremos un análisis de la ley para pronunciarnos en ocho días”, dijo.

El anuncio se sumó a la pugna que mantiene Ayerve con Izurieta, quien, a su vez, fue designado en el cargo, a fines de febrero pasado, por Maldonado.

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En la pugna por el control de la liquidación del banco intervienen dos bandos: por un lado, Ayerve y la Junta de Acreedores y por otro, la Superintendencia, el liquidador y algunos perjudicados.

Según cifras proporcionadas por Izurieta, Filanbanco aún debe devolver 138 millones de dólares a 64.748 acreedores y cobrar una cartera que bordea los 800 millones de dólares.

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Mediante una carta, firmada por Ana María Loor, Gabriela Mosquera, Armando Guaricela y Orlando Rodríguez, que se entregó ayer al Superintendente de Bancos, los perjudicados que no forman parte de la JNA manifiestan, sin precisar datos específicos, su “inquietud ante las oscuras intenciones de Óscar Ayerve, que pretende se nombre un liquidador de su confianza, obediente a su única voluntad e intereses”.

Pero Ayerve sostuvo que Maldonado –a través de Izurieta– obstaculiza el pago a los acreedores y el cobro de la cartera, “incluido el vuelto”.

El presidente de la JNA plantea dos estrategias para defenderse: impulsar en el Congreso Nacional un juicio político en contra de Maldonado y captar el respaldo del presidente Gutiérrez.

Aunque varios diputados expresaron su interés en concretar dicho juicio, este aún no se oficializa debido a la coyuntura política.

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Maldonado recordó que para fines de este mes están previstas varias subastas, las cuales necesitan la autorización de los dos sectores en pugna.