Junta Interamericana de DD.HH. compara a Ecuador con Bolivia

La Cidh está  preocupada por la inestabilidad y fragilidad institucional que existe en Ecuador.

En Quito, el gerente de la AGD, Carlos Arboleda, dice que se atentó contra su vida.

La inestabilidad y fragilidad institucional en Bolivia y Ecuador preocupa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).

Su presidente, Clare Roberts, en conferencia de  prensa, dijo que la fragilidad del estado de derecho en Ecuador se agravó con la remoción de cinco vocales del Tribunal Constitucional, los  miembros del Supremo Electoral y los 31 jueces de la Corte Suprema. En paralelo, en Quito, el gerente de la AGD, Carlos Arboleda, denunció ayer un atentado.

En los dos años de gobierno del coronel Lucio Gutiérrez se han producido 43 casos de “violencia política” según la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (Aldhu). Estos casos sumados a la crisis jurídica despertaron la preocupación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).

Según el representante de la Aldhu, Juan de Dios Parra, del 2003 al 2005 se “deterioró el respeto a las garantías individuales, llevando al país a un período oscuro”.

La Aldhu clasificó los hechos en amenazas a periodistas y medios de comunicación; ataques armados y atentados, amenazas de muerte, asesinatos, persecuciones; ataques a personas, instituciones y autoridades; golpizas, y la lista de los enemigos del régimen.

Los representantes de Aldhu y Cidh piden que estos sucesos sean investigados, pero hasta ahora la Policía ni la Fiscalía tienen resultados.

Una característica que identifica a los atentados, según Parra (de la Aldhu), es que la mayoría se efectuaron en contra de opositores al régimen, salvo el caso de la gobernadora del Esmeraldas, Rosa Cabezas, y el del gerente de la AGD, coronel (r) Carlos Arboleda.

La Aldhu exigió ayer que el Primer Mandatario, quien a inicios de su gobierno afirmó que lo querían matar, forme una “unidad especial de investigación policial al servicio de la Fiscalía, dotada de recursos y materiales suficientes”.

En tanto, solo Blasco Peñaherrera Solah, dirigente gremial, y Orlando Pérez, periodista, asistieron ayer a una reunión convocada por el procurador del Estado, José María Borja, para concertar las medidas cautelares dictadas por la Cidh para siete personas. Ambos no quisieron resguardo policial ni militar; pero exigieron una acción judicial que encuentre a los responsables.

Fragilidad institucional
Desde Washington, la agencia AFP indicó ayer que la Cidh expresó su preocupación por la inestabilidad y fragilidad institucional en Bolivia y Ecuador, y por la falta de control del Estado en la seguridad interna de Haití, donde abundan grupos armados ilegales.

La fragilidad del estado de derecho en Ecuador se agravó con la remoción de cinco de los nueve vocales del Tribunal Constitucional (TC), los miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y los 31 jueces de la Corte Suprema de  Justicia, señaló el presidente de la Cidh, Clare Roberts.

Los gobiernos ecuatorianos tienen una duración promedio de dos años, y “la independencia e imparcialidad judicial son elementos esenciales para la protección de los derechos humanos y la vigencia del estado de derecho”, recordó.

Algunos ataques

Rosa Cabezas, gobernadora de Esmeraldas, recibió un impacto de bala el pasado 8 de marzo, cuando el auto en el que viajaba fue atacado.

El director  de Participación Ciudadana, César Montúfar, fue amenazado el 7 de marzo por integrantes del grupo roldosista Cero Corrupción.

Enrique Ayala, diputado socialista, el 5 de marzo fue interceptado en su automóvil,  que recibió tres impactos de bala. Fue internado en el hospital Metropolitano por traumatismos múltiples.

Vinicio Baquero,  presidente del Conesup, fue agredido el 21 de febrero por estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, que antes fue cuestionada por Baquero.

El ex ministro de Bienestar Social, Patricio Acosta, denunció que el 4 de febrero, un grupo de policías intentó agredirlo mientras viajaba en su vehículo con su hijo y chofer. Posteriormente, se identificó a los atacantes como miembros de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional.

Francisco Peña, director de la Fundación Mariana de Jesús, denunció que tres hombres lo atacaron con armas de fuego el 17 de febrero. El 2 de marzo, recibió una amenaza de bomba en la fundación.

El periodista Carlos Vera dijo públicamente que se preparaba una orden de detención en su contra promovida por Conartel, organismo estatal que regula la frecuencia de los medios de comunicación.

Antonio Ricaurte, concejal de Quito, denunció que la casa de su madre, en donde vivió hasta hace pocos meses, fue baleada el primero de febrero.

León Roldós, ex vicepresidente del Ecuador, fue agredido el pasado 26 de enero, en las afueras de la Universidad Central de Quito.

Édison Romero, funcionario del Conesup, fue secuestrado junto a su chofer, el 19 de enero, para obligarlo a firmar unos documentos.

El periodista Orlando Pérez denunció que el 25 de enero fue amenazado con una pistola para que deje de criticar al Gobierno.

Rodrigo García, diputado izquierdista, fue atacado el 13 de enero junto con su hermano, quien resultó herido de bala.

Alfonso Harb, diputado del PSC, denunció que su casa fue baleada el 8 de enero, donde resultaron heridos el guardia de seguridad y un policía.