Sábado 12 de marzo del 2005 Política

La oposición insistirá en el cambio de la CSJ

QUITO

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QUITO.- Los diputados, Julio González (i) y Ricardo Ulcuango de Pachakutik; y Hugo Ruiz, de la ID, dialogaron durante la sesión parlamentaria del pasado miércoles.

Ayer circuló un documento sin firma en el Congreso que junta las tesis opuestas: cesa la Corte y califica de urgente la consulta enviada por el  Presidente.

La oposición liderada por los socialcristianos, socialdemócratas y Pachakutik aspira a que entre el próximo lunes y martes se elabore el texto interpretativo de consenso donde, a más de cesar la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se establezca el mecanismo para  designar a los nuevos magistrados.

El lunes,  el PSC, ID, PSE, PK, DP y los independientes fueron convocados a una reunión por el cefepista Jorge Montero, para analizar este texto y además discutir acerca de la consulta popular del Ejecutivo.

Paralelamente, el alcalde de Quito, Paco Moncayo, invitó a los jefes de bloque de todos los partidos a una reunión en el concejo municipal, el martes a las 15h00, con el fin de pulir el proyecto de interpretación a la ley orgánica de la Función Judicial.

El jefe de bloque (e) del PSC, Alfredo Serrano, confirmó su presencia en la Asamblea  y anunció que su partido continuará conversando con los socialistas, el CFP y los independientes para asegurar los 51 votos que requieren para aprobar la propuesta.

Serrano consideró que la próxima semana será posiblemente el último intento que hará el PSC para cesar la Corte.  “Si el martes no hay los votos creo que no podremos avanzar más, pues nosotros no estamos en condiciones de ofrecer nada”, subrayó.

Mientras, Andrés Páez, diputado de la ID, denunció que el Gobierno pretende ganar votos a través de documentos que circularon ayer en el Congreso, sin firma de responsabilidad, donde se plantea cesar a los actuales jueces y declarar en vacancia judicial a la Corte Suprema.

Pero mientras concluye el proceso de designación de los magistrados se integrará una comisión compuesta por cinco de los ministros más antiguos de las cortes superiores. En el documento también  se plantea calificar de urgente la consulta popular presentada por el presidente Lucio Gutiérrez y, como último punto, se garantiza la estabilidad de los judiciales.

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