Veinticuatro horas pasó Guayaquil paralizada por causa del gremio de dueños de buses urbanos, lo que ocasionó pérdidas de horas de trabajo para el sector público y privado.

El problema radica en las medidas drásticas que tomaron los representantes de los minusválidos, arrancando los torniquetes de los buses; eso se dio porque no se cumple la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor.

El artículo 17 de la Ley Reformatoria a la Ley de Discapacidades (Registro Oficial Nº 171 del 26 de septiembre del 2000) dice: “Las personas con discapacidades pagarán una tarifa preferencial del 50% en el transporte terrestre (urbano, parroquial o interprovincial público o privado), así como servicios aéreos en rutas nacionales, fluvial, marítimo y ferroviario, los cuales serán prestados en las mismas condiciones que los demás pasajeros que pagan la tarifa completa”.

Publicidad

Las autoridades de tránsito y el Estado deben plantear soluciones. Existen tantos burócratas que han viajado a otros países y usado transporte urbano con torniquete, pero modernos y con medidas amplias; y visto que al conductor o cobrador se le entrega un tiquete, previamente comprado en un paradero.

Así deberían hacer en Guayaquil, vender tiquetes a los pasajeros (incluso para niños, minusválidos, estudiantes y tercera edad, que solo paguen el 50% del valor real). Debe también reformarse la Ley de Tránsito obsoleta, e incluir un artículo que sancione al conductor que no recoja a este tipo de pasajeros.

Ab. Pedro Consuegra Quimí
Guayaquil

Publicidad