El Presidente ha anunciado que para resolver el problema provocado en la Función Judicial ha enviado al Congreso una propuesta de consulta popular con una sola pregunta y ha insistido mucho en que es pregunta única.

Sin embargo, la pregunta única en realidad encierra ocho preguntas que parten del supuesto de que estamos de acuerdo en que la Corte Suprema de Justicia sea libre de toda influencia política. Las preguntas son: 1. ¿Está de acuerdo con que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia sean nombrados por un colegio electoral constituido por delegados de la sociedad civil? 2. ¿Está de acuerdo en que las vacantes que se produzcan sean llenadas por la sociedad civil y no por la misma Corte? 3. ¿Está de acuerdo en que se reduzca el número de magistrados de 31 a 16? 4. ¿Está de acuerdo en que para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia se requiera ser mayor de 45 años y menor de 70 años de edad? 5. ¿Está de acuerdo en que para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia se acredite un alto nivel académico? 6. ¿Está de acuerdo en que para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia no haya sido patrocinado o afiliado por ningún partido o movimiento político durante los anteriores 15 años a su designación? 7. ¿Está de acuerdo con que el pueblo tenga derecho a cesar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia mediante consulta popular? 8. ¿Está de acuerdo en que estas reformas que usted aprueba no puedan ser modificadas por el Congreso Nacional sino mediante otra consulta popular?

Es tan claro que son preguntas distintas que bien podría ser que quisiéramos contestar que sí a unas y que no a otras. Por ejemplo podríamos querer contestar que sí a que los ministros de la Corte Suprema sean nombrados por la sociedad civil y que no a lo relacionado con el número de magistrados o con los requisitos de edad.

Mientras que si usted contesta que sí, estará contestando también a algo que no le han preguntado, como por ejemplo la integración del colegio electoral, pero se asumirá que ya lo hizo y se convertirá en artículo de la Constitución, aunque, por ejemplo, usted no esté de acuerdo en que los transportistas lo integren.

De manera que una vez más, los mecanismos de comunicación entre el Presidente y el pueblo no son claros, pues no se puede afirmar que se hace una pregunta cuando en realidad son ocho y, menos aún, que la reforma que se propone sería aprobada por el pueblo, cuando hay parte de ella que no está en la consulta.

Probablemente es difícil redactar preguntas sobre temas tan complejos, pero también es inadmisible que las que se hacen no sean enteramente claras y hechas con transparencia, pues no es así como se logran acuerdos duraderos y se toman decisiones democráticas sobre un tema que, además, ya fue contestado por el pueblo en 1997.

Si se quiere consultar a la ciudadanía, hay que hacerlo directa y claramente, porque tal como están las cosas quedamos con la sensación de que lo que se llama consulta democrática es un disfraz de la demagogia, y la administración de justicia es un asunto demasiado serio para eso.