Los organismos de Estado, Procuraduría, Cancillería, Fiscalía y Ministerio de Gobierno empezaron a actuar sobre las medidas de cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Fernando Bucheli, funcionario de la Procuraduría General del Estado, informó que ayer se enviaron las cartas de notificación de la determinación de la OEA al ministro de Gobierno, Xavier Ledesma; a la fiscal de la Nación (e), Cecilia Armas; y a los involucrados.

Además, indicó Bucheli, la Procuraduría solicitó que los miembros de las fuerzas especiales de la Policía Nacional sean los encargados de dar la protección para preservar la integridad de Orlando Pérez (periodista), Antonio Ricaurte (concejal de Quito), Paco Velasco (director radio La Luna), Patricio Acosta (ex funcionario de Gobierno), Blasco Peñaherrera Solah (dirigente gremial), Diego Guzmán (director del Observatorio de Medios) y María Paula Romo (Ruptura de los 25).

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Los siete fueron citados por la Procuraduría para hoy, a las 15h30, con el objetivo de “concertar las medidas a adoptarse”, indicó Bucheli.

Y pese a que ya hay la disposición de protección policial, ninguno de ellos ha demostrado confianza en esta rama de la fuerza pública.

Al respecto Alexis Ponce, director de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, expresó que tienen la opción de pedir la custodia de guardias privados, de efectivos militares o señalar de qué departamento de la Policía Nacional quieren la seguridad.

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Comentó que sobre esto ya existen antecedentes y citó el caso de Pedro Baque, en 1999, quien ante las medidas cautelares determinadas por la OEA y su desconfianza a la Policía aceptó la escolta de militares.

En el caso de los dirigentes sociales, políticos y periodistas, el fin es que asistan en grupo, aseguró Ponce, y hasta el momento no han podido concertar una reunión por las actividades de Peñaherrera en las elecciones de la Cámara de Comercio y porque Acosta viajó a Venezuela.

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En tanto en la Fiscalía del Estado aseguraron que se están realizando las investigaciones de los atentados y hostigamientos para las siete personas, aunque en el caso de Romo, Guzmán y Pérez no hay una denuncia formal. 

RECHAZO

ORGANIZACIÓN
Participación Ciudadana rechazó ayer, en Guayaquil, las agresiones de las que fueron objeto las oficinas de PC en Quito, el lunes pasado, y pidió al régimen que se hagan las investigaciones del caso.

ROSALES
El presidente (e) de PC, Benjamín Rosales, calificó como cobardes esos hechos e hizo un llamado al Gobierno y a la oposición para que se encuentre, mediante diálogo, una solución rápida a la situación legal de la Corte Suprema de Justicia. También rechazó los comentarios que cuestionan el uso de los recursos económicos de Participación Ciudadana.

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