Los representantes de diez agrupaciones que ayudan a niños y jóvenes en Guayaquil expresaron su rechazo a la posibilidad de que se instaure el toque de queda para menores en la provincia.

Ayer se reunieron en las oficinas del Programa del Muchacho Trabajador para elaborar el comunicado oficial que presentarán en contra de ese pronunciamiento. 
El gobernador Efrén Roca dijo el miércoles pasado que se analiza la posibilidad de iniciar esta medida para evitar la proliferación de pandillas.   

Directivos de esas instituciones estiman que esta disposición viola la Constitución.

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Los representantes de organismos vinculados con niños y jóvenes se reunieron ayer en las instalaciones del Programa del Muchacho Trabajador (PMT), para elaborar su pronunciamiento conjunto de rechazo ante la implementación de un posible toque de queda para los menores en la ciudad.

Las asociaciones Cefocine, Mi Cometa, Cepam,  Fundeser,  Fundación Mida, Proyectos Salesianos,  Asodehu, Mesa de Adolescentes, Plan Internacional,  Crecer, entre otras, participaron de esta reunión.

El gobernador Efrén Roca analiza la posibilidad de implementar el toque de queda, entre las 22h00 y las 06h00.

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De aplicarse la medida, los menores de 18 años que transiten por las calles entre esas horas serán detenidos y llevados al Cuartel Modelo o al Hogar de Tránsito.

Ante la posibilidad de que algunos niños y jóvenes se encuentren solos en las calles durante la hora en que rige el toque de queda, la directora del Hogar de Tránsito, Ana Villamar,  dijo que ese centro está en capacidad de dar albergue a 80 menores.

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Villamar manifestó que antes de tomar esta medida, las autoridades deberían constatar las condiciones en las que se encuentran los centros de atención al menor.

César Cárdenas, de la Fundación Mi Cometa, se pronunció en contra de esta medida porque, según expresó, “violenta la Constitución y los derechos humanos”.

La solución que plantea es que el Gobernador, como autoridad provincial, convoque a las instituciones para buscar alternativas en bien de los jóvenes y que el Gobierno invierta en proyectos sociales.

Rafael Carriel, de Cefocine,  coincidió con Cárdenas y señaló que esta disposición no es justa y es muy global.

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