Grupos de DD.HH. exigen respuestas

Durante los dos años de gobierno del coronel Lucio Gutiérrez se contabilizan más de 40 atentados.

Once organizaciones de derechos humanos del país se unieron ayer y exigieron del Gobierno Nacional una respuesta frente a los atentados a dirigentes sociales, gremiales, políticos y periodistas, sucedidos entre el 2003-2005.

En rueda de prensa, recalcaron la responsabilidad del Gobierno por omisión “su misión es garantizar la seguridad de los ecuatorianos, el Estado aunque diga y sostenga que no está atrás de los hechos es culpable por no hacer nada para impedirlos”, recalcaron Gustavo Larrea y Alexis Ponce, de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (Aldhu) y de la Asamblea Permanente de los DD.HH. (Apdh), respectivamente.

Larrea identificó que todas las personas amedrentadas o amenazadas “son líderes sociales y políticos que han expresado críticas al régimen o están en la oposición”. A su criterio, aunque ofreció presentar pruebas después, “son grupos organizados paraestatales, parapoliciales o paramilitares los que están operando en el Ecuador”.

Entre diciembre y marzo se han registrado 20 atentados en el país y durante los dos años de gobierno del coronel Lucio Gutiérrez se contabilizan más de 40 sucesos, recalcó Larrea. En ninguno de ellos, salvo el de León Roldós Aguilera, ex vicepresidente de la República, la Fiscalía y Policía Nacional establecieron los autores materiales e intelectuales.

La situación de violencia del país es comparable, recordó Larrea, con la vivida durante el Gobierno de León Febres-Cordero (1984-1988), época en la que se denunciaron alrededor de 300 casos de violación de los derechos humanos.

Sobre el reciente atentado  contra el diputado socialista, Enrique Ayala Mora, y la agresión a las instalaciones de Participación Ciudadana, ya informaron a los directivos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA), informó Ramiro Ávila de la clínica de DD.HH. de la Universidad Católica.

En cuanto a las medidas cautelares dictadas por la CIDH, Carlos Larrea, asesor presidencial, aseguró que el Gobierno “precautelará el derecho a la seguridad que tienen todos los ciudadanos, especialmente los que han solicitado la intervención de la OEA”. Ponce comentó que habló con los afectados para que no rechacen esas medidas.

Mientras tanto, el Congreso Nacional aprobó ayer una resolución, con 52 votos a favor,  que a más de condenar el atentado contra el diputado Ayala Mora, exige al Consejo Provincial de Pichincha explique los hechos de violencia dados en la asamblea provincial, el viernes pasado.

En la resolución, los diputados exigen al régimen, al Ministro de Gobierno, a la Policía y al Ministerio Fiscal que informen sobre la investigación de los atentados contra los diputados Alfonso Harb (PSC), Mesías Mora (Ind.), los dirigentes León Roldós (PSE), Leonidas Iza (Conaie) y el asesinato de Ramiro Carrión, ex gerente de la empresa eléctrica regional del Sur.