“Ha llegado el momento de la vuelta de los emigrantes”, expresó ayer aquí el ministro de Relaciones Exteriores ecuatoriano, Patricio Zuquilanda, a nombre del gobierno de su país.

La nueva política “no es que los trabajadores se marchen fuera porque su educación ha costado mucho dinero al Estado”, manifestó el canciller Zuquilanda, cuya visita coincide con los homenajes a las víctimas de los atentados del 11 de marzo del 2004, entre ellos 6 ecuatorianos.

Las remesas que llegan del exterior, sin embargo, sustentan la economía, admite también el Gobierno.

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El canciller ecuatoriano, Patricio Zuquilanda, dijo ayer que el gobierno de su país cree que “ha llegado el momento de la vuelta de los emigrantes”, durante su visita oficial a España, que coincide con los actos conmemorativos al cumplirse un año de los atentados del 11 de marzo del 2004, en el que murieron seis ecuatorianos.

Zuquilanda, en una comida con representantes diplomáticos, empresarios y periodistas, explicó que la nueva política ecuatoriana “no es que los trabajadores se marchen fuera porque su educación ha costado mucho dinero al Estado”.

Así, “debemos recuperar nuestro patrimonio, generar puestos de trabajo para que los emigrantes puedan volver”, añadió.

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El Canciller también se refirió al desarrollo de un “sistema de capacitación para que los ecuatorianos que decidan quedarse en el extranjero no supongan una carga para las economías que los acogen”.

La nueva política sobre emigración pretende, asimismo, que “el dinero que llega procedente del trabajo de los ecuatorianos en el exterior se quede en Ecuador y se reinvierta en el sector productivo”, para que “dejemos de ser un país gastador”.

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Dada la dimensión del fenómeno migratorio ecuatoriano en España, Zuquilanda, conjuntamente con el subsecretario de Asuntos Consulares, Héctor Hugo Falconí,  tenían previsto sostener ayer una sesión con la secretaria de Estado española de Inmigración, Consuelo Rumí.

Anteriormente, Falconí expresó que la cita con Rumí serviría para manifestar las inquietudes de los inmigrantes ecuatorianos sobre el proceso excepcional de regularización que lleva a cabo el régimen español por tres meses y que culminará el 7 de mayo.

Sin embargo, Dora Aguirre, presidenta de la Asociación Rumiñahui, lamentó que en la visita del canciller ecuatoriano a España no se haya considerado una cita con las organizaciones de inmigrantes para conocer sus inquietudes.