La pregunta efectuada por el Ejecutivo propone un nuevo mecanismo para elegir a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, pero incluye varias reformas a los artículos 200 y 201 de la Constitución. Si el texto es aprobado por el Parlamento, el referéndum se hará en dos meses.

El Ejecutivo envió ayer el nuevo texto de su proyecto de la consulta popular al Congreso Nacional para que este la califique como urgente y pueda ejecutarse en dos meses.

El régimen disminuyó a una pregunta, las diez que presentó el 21 de enero pasado, y las doce que entregó la semana anterior, pero en ella se resumen las propuestas del Gobierno, sobre la estructuración de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de los proyectos anteriores.

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El Mandatario propone disminuir de 31 a 16 el número de magistrados de la CSJ y que sean electos por la sociedad civil representada en un colegio electoral integrado por delegados de trece sectores.

En el Parlamento, solo Sociedad Patriótica y el Partido Roldosista Ecuatoriano demostraron su respaldo a la propuesta del Ejecutivo.

Luego de hacer un llamado a la paz y a la reconciliación nacional para que la crisis política no afecte la imagen del país, el presidente de la República, coronel Lucio Gutiérrez, informó ayer que ya envió al Congreso el nuevo texto de su proyecto de consulta popular.

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Este consta de una sola pregunta sobre la estructuración de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero implica un sinnúmero de reformas a los artículos 200 y 201 de la Constitución (ver recuadro).

La única pregunta de la consulta está dividida en cuatro partes en las que se propone que el número de magistrados de la CSJ se reduzca de 31 a 16 y se determinan los requisitos para los aspirantes a magistrados, y para los miembros de los colegios electorales que los designen.

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De los 16 ministros, 5 serán jueces de carrera judicial intachable y los restantes serán juristas de reconocida solvencia ética y profesional. Ninguno podrá haber sido afiliado ni patrocinado por movimiento o partido político y tampoco podrán tener algún grado de parentesco (cuarto de consanguinidad o segundo de afinidad) con el presidente de la República o cualquiera de los diputados.

Todos deberán ser nombrados por la sociedad civil representada en un colegio electoral integrado por delegados de trece sectores.

Se propone además que estas reformas, en el caso de ser aprobadas por el pueblo, no pueden ser modificadas por el Congreso sino mediante la consulta popular.

Los cambios introducidos en la propuesta constitucional persiguen dar una solución urgente a la crisis de la CSJ y, en ese marco, lograr el respaldo legislativo necesario para este fin, según explicó en Quito el secretario de la Administración, Óscar Ayerve.

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“Creemos que con este camino nunca más las cortes de Justicia estarán al servicio de los grupos de poder... nunca más serán utilizadas como un brazo armado para perseguir a los adversarios políticos”, dijo Gutiérrez y luego recalcó el hecho de que la crisis política aún no ha afectado la imagen internacional y la estabilidad económica del país, por esta razón y por el manejo responsable de los recursos del Estado, afirmó, el Ecuador  retornará hoy al mercado internacional de capitales.

De calificarse la urgencia del proyecto en el Parlamento, el referéndum se realizaría en dos meses y la reestructuración de la CSJ en dos meses más, dijo el Mandatario en rueda de prensa. Pero, si el Congreso no aprueba el documento, el régimen continuará dialogando con los representantes de diferentes bloques afirmó, pero no especificó si convocaría directamente al referéndum como se informó en días anteriores.

El jefe de Estado afirmó que hoy posesionará al nuevo Ministro de Obras Públicas y aunque no dio su nombre,  trascendió que se trata de Raúl Velasco, ex director de construcciones de Obras Públicas.

El mandatario participó ayer, en la mañana, en un congreso de cacaoteros en Guayaquil, al mediodía se reunió con empresarios y en la tarde posesionó al gobernador de Los Ríos, Roboam Gavilanes, ex candidato a prefecto de SP.

PROTECCIÓN PARA LOS OPOSITORES
Informe de OEA.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) exige medidas cautelares para diez dirigentes políticos, sociales y periodistas, identificados como opositores o críticos del gobierno. Esto por gestión realizada por 450 organizaciones que integran la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo.

El reporte fue notificado a la Cancillería el 28 de febrero, fecha en la que se le remitió a la Procuraduría del Estado, la entidad responsable de elaborar la respuesta a ese organismo internacional.