Las bombas con las que los terroristas islámicos perpetraron la matanza en la capital española el 11 de marzo del año pasado, causaron la muerte de 191 personas, 51 extranjeros, entre ellos 6 ecuatorianos,  e hirieron a un centenar más de ellos, entre los que había hombres, mujeres y niños de 25 nacionalidades distintas.

En aquellos trenes viajaban sobre todo españoles, pero también ciudadanos de Argentina, Armenia, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Cabo Verde, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, EE.UU., Guinea Bissau, Mali, Honduras, Marruecos, Moldavia, Nigeria, Paraguay, Perú, Polonia, República Dominicana, Rumania, Senegal, Ucrania y Venezuela.

Fue una muestra de la diversidad étnica y cultural que existe en Madrid, a consecuencia del fuerte incremento de la inmigración en los últimos años, y el Gobierno español quiso reconocerlo tras los atentados con la promesa de dar la nacionalidad a las víctimas y sus familiares.

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Sin embargo, esa promesa solo se ha convertido en realidad hasta ahora en 78 casos, en su mayoría familiares de los fallecidos, según denuncia la Asociación de Afectados 11-M, que asegura que los extranjeros sufren especialmente los rigores de la burocracia.

En total, las autoridades han recibido 1.545 peticiones para obtener el pasaporte español, de las que 124 son de familiares de fallecidos y 1.421 de heridos.  De las 124 primeras, 64 se han resuelto con la concesión de la nacionalidad española y las demás han sido archivadas. En el caso de los heridos, en el que el procedimiento es aún más complejo, pues han de acreditar su condición de víctima, se han concedido 14 nacionalidades y archivado 28 solicitudes.

Aparte de quienes obtuvieron la nacionalidad española, un total de 908 inmigrantes irregulares, familiares o  víctimas de los atentados, 442 de ellos latinoamericanos, ha logrado normalizar su situación en España, según datos policiales.

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De las 2.590 solicitudes presentadas tras los atentados, han sido  rechazadas 1.587, de las cuales 34 se han archivado por falta de documentación  y 61 están pendientes de la recepción de los documentos exigidos. Además, se ha  facilitado el regreso de 43 inmigrantes a sus países, entre ellos 8 ecuatorianos.

De las 908 autorizaciones concedidas, de las que ya se han entregado 900, 451 fueron para víctimas directas y 457 para sus parientes.

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El mayor número de permisos ha sido para la comunidad rumana (350), seguida  por la ecuatoriana (243), colombiana (89), boliviana (36) y marroquí (34).   La mayor parte de las denegaciones recayeron sobre la comunidad ecuatoriana  (643), seguida de la rumana (368), la colombiana (262) y la marroquí (42).

La presidenta de la Asociación de Afectados 11-M , Pilar Manjón, habla de “las falsas expectativas que se generaron con la famosa promesa de papeles para todos los inmigrantes” y denuncia que “ni uno solo de los heridos ha sido reconocido como víctima del terrorismo”, lo que les daría derecho a indemnizaciones.

SOLICITUDES

Nacionalizados
De las 1.545 solicitudes para obtener la nacionalidad española, de las que 124 son de familiares de fallecidos en los ataques y 1.421 de heridos, solo se resolvió en 78 casos; 64 para familiares de los fallecidos y 14 para heridos.

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Regularizados
De las 2.590 solicitudes de regularización, se autorizaron 908;  451 para víctimas directas y 457 para sus parientes.   El mayor número de permisos es para la comunidad rumana (350), seguida  por la ecuatoriana (243).

Denegaciones
La mayor parte de las denegaciones recayeron sobre la comunidad ecuatoriana  (643). 

ECUATORIANOS AFECTADOS RECUERDAN LA TRAGEDIA