La Coalición Internacional de Organizaciones para los Derechos Humanos en las Américas, con sede en Washington, considera que los cambios de la Corte Suprema de Justicia que se dieron en diciembre pasado respaldados por la mayoría gobiernista, “conducen a una directa violación tanto de la Constitución Política como de varios instrumentos internacionales vigentes que resultan de aplicación y respeto obligatorio para el Ecuador”.

El pasado 3 de marzo, la Coalición envió al presidente Lucio Gutiérrez un comunicado en el que le recuerda que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó los Principios Básicos sobre Independencia de la Judicatura, cuyo primer literal dispone que “todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura”. El duodécimo punto establece además que se garantizará la inamovilidad de los jueces.

La misiva añade que la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Democrática reconocen  el principio de la independencia judicial, por lo que solicitan “el retorno al Estado de Derecho”.

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Para la Coalición, los magistrados y los vocales de los tribunales Constitucional y Supremo Electoral que fueron designados por el Congreso tienen una preocupante relación de dependencia con el Ejecutivo.