De los años cincuenta a mediados de los ochenta, América Latina buscó desarrollarse mediante la sustitución de importaciones: cada país protegió a la primera empresa que produjese un determinado producto industrial, para que se pueda desarrollar sin competencia de productos importados o de otras empresas nacionales.

Los resultados de esta estrategia fueron insatisfactorios; a partir de mediados de los ochenta, América Latina fue abandonando la economía cerrada, y adoptando lo propuesto por el “consenso de Washington”, que se fundamenta en la apertura de la economía y la adopción de seguridad jurídica, para minimizar el impacto de la corrupción.

Los distintos países aplicaron este modelo de manera desigual: el más aperturista, Chile; el Ecuador, entre los que menos. Pero los resultados han sido decepcionantes.
En los noventa, América Latina ha crecido menos que en los cincuenta a los ochenta.

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Ricardo Hausmann, economista venezolano hoy con Harvard y antes principal economista del BID, junto con otro economista de gran reputación, Dani Rodrik, hacen una propuesta de retorno a la política industrial.

El punto central de Hausmann y Rodrik es que en un país de menor desarrollo no hay incentivos para que una empresa innove. Cuando en un país se quiere iniciar una actividad desconocida en el medio, los costos de adaptar una tecnología importada (más aún, de desarrollar una propia tecnología), son sumamente altos; ni bien comienza la empresa, finalmente, a obtener un rédito, salen los copiones, que le sacan los técnicos y los trabajadores especializados.

Estas nuevas empresas pasan a tener mucho más éxito que la inicial, puesto que no tienen que amortizar los enormes costos de haber adoptado la tecnología. Esto nos ha pasado con camarones y flores, entre otras actividades.

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Como el beneficio social de la implantación de tecnología es muy superior al beneficio específico que logre una empresa, el énfasis que ponen los autores es en qué manera puede el Estado favorecer al desarrollo de estas empresas innovadoras.

No se trata de volver a la sustitución de importaciones: si la industria solamente puede producir para el mercado interno, no va a llegar a ser competitiva en los mercados internacionales. Por lo tanto, la protección arancelaria, central en la sustitución de importaciones, no funciona en la promoción de actividades orientadas a la exportación.

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Otra diferencia es que las actividades ganadoras son necesariamente muy pocas: casi todos los países tienen una gran concentración en sus exportaciones.

¿Qué sugieren los autores?
Son francos en reconocer que a estas alturas, lo que han hecho es identificar el problema y el tipo de solución, pero no están en capacidad de delinear las medidas de política económica a adoptarse. Eso sí, sugieren que lo que se presenta como más promisorio es el crédito barato y a largo plazo a los innovadores.

Pero aquí hay que reconocer el peligro que en países de alta corrupción política como el nuestro, los préstamos se destinen a parientes y amigos, y a asegurar votos en el Congreso, y no a los innovadores.

Bajo la sustitución de importaciones, en América Latina lo positivo fue el gran apoyo del Estado al desarrollo industrial, y lo negativo, la corrupción, y la falta de incentivos para que las industrias busquen la eficiencia: se contentaron con producir protegidos a un costo muy alto.

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Con la apertura, los ineficientes tuvieron que salir del mercado, y eso fue lo positivo: quedaron los competitivos.
Pero la falta de estímulo puso a América Latina en desventaja con los países asiáticos que apoyaron a sus empresas.

La política ideal debe unir la promoción, como se hizo con la sustitución de importaciones, y las reglas conducentes a la mayor eficiencia de las empresas, como durante el período de apertura. Esto es fácil decirlo, pero difícil de hacer.

Anticipamos que la mayor parte de las propuestas de política económica que se darán en los próximos años, apuntarán a lograr este ambicioso objetivo.