Hubo reparto de comisiones en la compra de armas

El primer juicio en el Ecuador por la compra de los fusiles a la Argentina comenzó en 1997, casi  dos años después de constatar que eran inservibles. El caso de la compra de ocho mil fusiles –que resultaron inservibles– a la Argentina durante la guerra del Cenepa, se reactivó con las orden de detención en contra del general José Gallardo, ex ministro de Defensa, emitida por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Guillermo Castro, juicio que no es el único que se tramita por esta causa.

En la justicia militar hay otro proceso en el que consta el reparto de comisiones de dinero, entre quienes intervinieron en el negocio, pues por cada fusil se pagó 600 dólares, cuando la cotización argentina los valoró en  $ 380.

La demora en el Ecuador para iniciar las investigaciones por la compra de armas en medio de la guerra con el Perú, se dio pese a que en Argentina el escándalo arrancó en febrero de 1995 y llegó a involucrar hasta al ex presidente Carlos Menem, a quien ordenaron su arresto en momentos que vivía su segunda luna de miel.

Al principio, la Junta de Defensa Nacional solo acusó al vendedor de las armas, César Torres Herbozo, un abogado de 28 años que realizaba su maestría en la Universidad San Francisco de Quito.
Torres nunca había vendido armas y solo se sabe que su madre, Patricia Herbozo, era conocida del general Víctor Manuel Bayas, jefe del Comando Conjunto en esa fecha, y “amiga o socia de la señora María Elena Amores”, relata en el juicio militar Iván Gavilanes, un intermediario que pactó en cien mil dólares poner en contacto a las dos mujeres con el vendedor de armas quiteño Roberto Sassen.

La compra fue de ocho mil fusiles nuevos y diez millones de municiones, todo por 7,3 millones de dólares. El contrato lo firmó el general José Gallardo el 10 de febrero de 1995 y por cada fusil se pactó un precio de 600 dólares. Cuatro días más tarde, Fabricaciones Militares Argentinas envió una pro forma al Ministerio de Defensa del Ecuador, en el que constaba que cada fusil “nuevo” costaba 380 dólares, 220 dólares menos a lo que se firmó. Por eso, a las cuentas de Fabricaciones Militares llegaron casi cinco millones de dólares como pago del Ecuador. El resto, según declaró Sassen, –a quien en Argentina identifican como el intermediario ecuatoriano– “fue una comisión de 800.000 dólares para la empresa uruguaya Hayton Trade, 825.000 dólares para el transporte aéreo y 785.000 dólares se repartieron entre los contratistas ecuatorianos”.

El problema comenzó cuando solo llegaron 4.498 fusiles y un millón y medio de municiones. De inmediato se repartieron a los cuarteles sin que se verificara su estado.  Por suerte, no fue necesaria su utilización en el conflicto con el Perú, pues estaban destinados para los reservistas.

En julio de 1995, cuando la frontera estaba en calma, se decidió suscribir un acta de entrega  recepción. Tal documento está firmado por dos cabos bodegueros, el capitán Jorge García, el coronel Segundo Moya y el vendedor César Torres. En total recibieron el armamento por 3’525.000 dólares, aunque el coronel Moya recomendó que “los fusiles deben pasar por un riguroso control de calidad”.

Lo más grave es que una semana antes, el nuevo jefe del Comando Conjunto, Jorge Ortega, pidió a la Junta de Defensa que rescinda el contrato con Torres por incumplimiento y ejecute las garantías.

El 12 de julio de 1995, la fábrica Santa Bárbara estableció que los fusiles eran usados. Una semana después, la Junta de Defensa notificó a Torres el cobro de las garantías. El cobro concluyó en junio de 1999, luego de varios litigios con la aseguradora Equinoccial. Pero además consistió en un plan de pagos por 6’149.000 dólares y la aceptación por parte de la Junta de Defensa de que los fusiles valían 1’826.000 dólares. Poco tiempo después, se determinó que los fusiles fueron fabricados en la década del cincuenta, y según Roberto Sassen, “no valen nada”.

El fiscal militar Diego Molineros en su primer dictamen, en septiembre del 2000, estableció como autores intelectual de estafa a Roberto Sassen y material a César Torres. Acusó de violaciones de trámite e injerencia al general Víctor Bayas, contralmirante Thimosenko Guerrero y capitán Jorge García, mientras que Iván Gavilanes y Patricia Herbozo “deben ser sindicados por su coparticipación”.

En febrero del 2001, el fiscal Molineros cambió de opinión y solo acusó a Sassen y a Torres, con base en lo cual el juez Eduardo Carrera dictó el 12 de marzo del 2001 llamamiento a plenario para los dos. Desde entonces, el juicio está suspendido hasta que sean apresados.