El juicio penal por la compra de armamento argentino, para la guerra del Cenepa de 1995, estuvo estancado diez meses antes de que el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Guillermo Castro (PRE), iniciara su actuación.

Y lo hizo dictando órdenes de prisión preventiva en contra de cinco acusados de peculado, entre ellos los ex ministros de Defensa, Víctor Manuel Bayas y José Gallardo.

En el proceso se juzga un supuesto peculado porque los militares compraron armamento usado y en mal estado, cuando debía ser nuevo.

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El 14 de septiembre del 2001, los diputados roldosistas de ese entonces, Fernando Rosero, Adolfo Bucaram, Víctor Hugo Sicouret y Vicente Estrada, realizaron una denuncia de un perjuicio de 1’680.334,20 dólares, valor que la Junta de Defensa dio a los fusiles. Entonces, la Fiscalía inició una indagación previa.

Cinco días antes de que prescribiera la causa, el 9 de septiembre del 2003, el fiscal Carlos Morales acusó de peculado a los ex militares José Gallardo y Víctor Manuel Bayas, además de los civiles Roberto Sassem, César Torres Herbozo y el francés Jean Bernard Lasnaud.

Tanto Gallardo como Bayas, al haber sido ministros de Defensa, debían ser procesados en la CSJ.

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El 7 de enero del 2004, el presidente de la CSJ, Hugo Quintana, se excusó de tramitar el juicio, pues aducía que su hermana, Martha Quintana, había tenido una relación laboral con alguno de los imputados.

Desde ese día, el juicio estuvo paralizado hasta que el presidente subrogante de Quintana, Alfredo Contreras, expidió una providencia el 30 de noviembre del 2004 (diez meses después), en la que no aceptaba la excusa de Hugo Quintana.

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Con la designación de la nueva Corte, por parte del Congreso el 8 de diciembre del 2004, el caso fue retomado por su titular, Guillermo Castro Dáger, quien dictó su primera providencia el 22 de febrero, en la que acogió el informe del fiscal Morales y ordenó la prisión de los cinco imputados.

El informe de Morales afirma que el perjuicio al Estado es de 1’680.334,20 dólares, pues, a su criterio, nunca se debió haber aceptado el material bélico en mal estado y darles una valoración.

La defensa de Gallardo, dice, en cambio, que esa valoración se efectuó el 1 de julio de 1997, cuando Gallardo ya no era ministro (abandonó la cartera de Defensa en julio de 1995). Esa valoración se la efectuó por pedido del contralor de esa época, Fernando Rosero.

Además, explican los defensores del ex ministro que el contrato original firmado por Gallardo llegaba a 7’310.000 dólares, y que con la liquidación se recibieron 7’975.867 dólares, es decir, 665.867,91 dólares adicionales.

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Un solo detenido
El único detenido en este caso fue –y por dos ocasiones– el ex ministro de Defensa, general José Gallardo, quien en ambos casos recibió la libertad por sendos hábeas corpus dispuestos por el Municipio de Quito.

En cambio, en el caso del general Víctor Manuel Bayas, quien fue ministro de Defensa en la administración de Abdalá Bucaram, la Policía no lo arrestó el 23 de febrero, porque cuando acudió a su domicilio, ubicado en la calle Quiteño Libre 674, el ex militar no abandonó su casa y pidió una orden de allanamiento que los gendarmes no poseían.

Cuando esta fue concedida el viernes 25, Bayas ya no estaba en su domicilio y desde entonces se encuentra prófugo.