Ramiro González se reunirá con prefectos de otras provincias para pedir respaldo a paralización.

Con el llamado a la desobediencia jurídica que hizo el viernes pasado la Asamblea de Pichincha se va a crear un caos jurídico y se está convocando a la subversión, según el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Guillermo Castro.

Sostuvo que es a la fiscalía a quien le corresponde aplicar la ley contra todos aquellos que están convocando a ese estado. “Cuando se aplica la ley y no se recibe consignas de nadie se habla de temas políticos, pero lo que realmente hacen es caotizar al Ecuador”, expresó.

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El magistrado Jorge Fantoni prefirió no referirse al tema y afirmó que la Corte se encuentra despachando los procesos con normalidad. “Las declaraciones políticas debe analizarlas el Congreso, a nosotros solo nos compete emitir fallo, los que quieran aceptarlos que lo hagan, los que no, que tomen las medidas pertinentes”, aclaró.

En cambio, los organizadores de la Asamblea defendieron su llamado a la desobediencia, argumentando que hace tres meses se vive en un ambiente de inseguridad jurídica. “Ya vivimos en un caos jurídico, tomado por jueces que ni siquiera tienen título de abogados”, afirmó ayer el concejal de Quito, Augusto Barrera (Pachakutik).

El prefecto de Pichincha, Ramiro González, desestimó la advertencia de una sanción por parte del presidente de la CSJ,  y aseguró que “los ciudadanos no tienen por qué acatar los dictámenes de una Corte inconstitucional”. Es por esta razón, dijo, que la Asamblea de Quito respaldó la decisión del vicealcalde de la capital, Andrés Vallejo, de conceder un hábeas corpus al general José Gallardo para dejarlo en libertad, luego de que la Corte Suprema de Justicia  dictó su arresto domiciliario.

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Sanción a Vallejo
El presidente de la CSJ afirmó ayer que mañana comenzará a revisar la documentación que envió el vicealcalde de Quito, sobre el recurso de hábeas corpus que otorgó a Gallardo Román, con el fin de establecer si su procedimiento fue conforme a derecho.

Según Castro Dáger, el cargo de Vallejo no le da la calidad de constituirse en Tribunal Constitucional (TC), pues solo este organismo es el que puede decidir si un acto es inconstitucional o no. “Si dentro de la documentación observamos que existe irrogación de funciones, estudiaremos las medidas pertinentes contra el funcionario”, dijo.

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Mientras que Vallejo defendió su actuación. “Yo no he determinado que es constitucional, lo que yo he hecho es estudiar el proceso, solicité el nombramiento del doctor Castro, me envió copia de la resolución del Congreso, revisé exhaustivamente la Constitución, donde no consta ninguna facultad del Congreso para designar ministros de la CSJ y eso es lo que yo he señalado, no he sometido a la interpretación de nadie”, dijo el vicealcalde.

Según el funcionario, el argumento del Municipio para aceptar el recurso de hábeas corpus, fue que el presidente de la CSJ no es apto para ocupar ese cargo “porque no fue nombrado a base de la Constitución y por una serie de irregularidades (no precisó cuáles) en el proceso contra Gallardo, que son causa para aceptar ese recurso.

Con respecto al llamado a una paralización de la provincial, el concejal Barrera afirmó que la Asamblea cuenta con el respaldo de diferentes movimientos indígenas, sociales y empresariales que plegarán a la paralización de actividades propuesta por el Prefecto de Pichincha.

González aseguró que aún no se ha determinado una fecha, pues se espera la adhesión de otras provincias como Azuay, que realizará una movilización el próximo 15 de marzo; de Carchi, de Cotopaxi y Orellana. Para ello esta semana se reunirá con los prefectos de esas provincias.

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En tanto, el secretario de la Administración, Óscar Ayerve, lamentó que “la Izquierda Democrática esté buscando una alianza: el ‘Febres-borjismo’, para propiciar la ruptura democrática en el país”, dijo. Aseguró que el pedido de la asamblea debe ser respondido con una solución para reemplazar a los magistrados. Mientras que el presidente Lucio Gutiérrez, en uno de sus discursos en Galápagos, aseguró que “los politiqueros amargados y desestabilizadores deben saber que cuando hay capacidad y manos limpias sí se puede bajar la inflación, las tasas de interés y el costo de la electricidad”.

OTRAS PROVINCIAS

CAÑAR
El prefecto de Cañar, Diego Ormaza (MPD), afirmó ayer que se está organizando una reunión de autoridades de esa localidad para definir un pliego de peticiones al Gobierno a favor de la provincia, que según afirma es una de las más desatendidas por el régimen. La reunión fue denominada como una asamblea popular, que será la encargada de resolver las acciones de la provincia, independientemente de la paralización que ha anunciado Pichincha.

ORELLANA
Guadalupe Llori (DP-PSC-PK), prefecta de Orellana, se reunió ayer con dirigentes de los cantones y parroquias de su provincia, quienes le solicitaron que se haga una reunión en conjunto con Sucumbíos para analizar el problema vial de la zona. Además anunció que el próximo 18 de marzo en Orellana se realizará una asamblea provincial para analizar la situación jurídica y política del país, aunque no precisó si acogerá el pedido de Pichincha de hacer una paralización conjunta.