Diez retenes no funcionan en Guayaquil

Nueve Unidades de Policía Comunitaria y un PAI ya no funcionan por falta de colaboración ciudadana y porque la Policía no cumple expectativas. Un informe de la Policía Nacional del 16 de febrero pasado señala que nueve Unidades de Policía Comunitaria (UPC) y una de los Puestos de Auxilio Inmediato (PAI) cerraron por la falta de colaboración de los moradores de cada uno de los retenes.

A esto se suma el escaso apoyo económico de propietarios de pequeños negocios y empresas privadas para habilitar los puestos, en algunos casos motivados porque la Policía no cumplió sus expectativas de seguridad. En Guayaquil existen 63 Unidades de Policía Comunitaria y 27 PAI funcionando.

De las 72 Unidades de Policía Comunitaria (UPC) que fueron abiertas desde julio del 2004 por la Policía en Guayaquil, 9 están cerradas en la actualidad. Algo similar ocurre con los Puestos de Auxilio Inmediato (PAI), ya que de los 28 que había, uno dejó de funcionar.

Un informe policial del 16 de febrero pasado señala que esos diez habitáculos cerraron (en un lapso no determinado) por la falta de colaboración de los moradores de cada uno de las UPC y PAI. Pero a esto se suma el escaso apoyo de propietarios de pequeños negocios y empresas privadas, en algunos casos motivados porque la Policía no cumplió sus expectativas de seguridad.

Un equipo periodístico de este Diario realizó el martes y miércoles pasados un recorrido por 16 habitáculos (UPC y PAI), uno de los cuales estaba abandonado y otro cerrado, mientras que los otros catorce funcionaban, a pesar de algunas necesidades básicas.

Al respecto, el subteniente Édgar Padilla, jefe encargado de la oficina de las UPC, señala que la comunidad, representada por un coordinador del barrio, y la Corporación de Puestos de Auxilio Inmediato (Corpai), por otro de la empresa privada, son los encargados de mantener el funcionamiento de las UPC y PAI, respectivamente.

En la práctica, dice, ambos son lo mismo, pero con el cambio de denominación de PAI por el de UPC, la institución dio el año pasado el primer paso para buscar un acercamiento con la comunidad y trabajar en forma conjunta para combatir la delincuencia. Acota que esta labor se realiza con la participación de 68 brigadas integradas por 1.187 personas.

Padilla aclara que la Policía aporta con el personal (cuatro por cada habitáculo) con sus respectivos chalecos, armamento y municiones, radios de comunicación y carro o motocicleta para patrullaje, mientras que el combustible es dotado por la Policía, en el caso de las UPC, y por la Corpai, en el caso de los PAI.

“El espacio físico y todo lo demás en cuanto a infraestructura para que el policía pueda cumplir su trabajo de vigilancia es responsabilidad de la comunidad y la empresa privada”, agrega.

Situación
Un techo roto, paredes sin puertas rayadas con signos ilegibles que usan los pandilleros, quedan de lo que hasta hace unos tres años fue el PAI de la ciudadela Huancavilca, ubicado atrás del hospital del IESS.

Janeth Torres, moradora del sector, indica que el lugar se convierte por las noches en una guarida de ladrones que asaltan a transeúntes.

“Aquí ha habido personas heridas de bala por asaltantes y por eso necesitamos que se reabra este PAI”, señala y explica que el habitáculo cerró cuando se enfermó su padre, quien era el coordinador. “Desde allí nadie quiso hacerse cargo del PAI”, añade.

En la UPC Nº 51, ubicada en el Guasmo Sur, precooperativa Pueblo Unido, la situación es parecida porque está cerrada desde hace dos años.

Sonia Maldonado, residente del sector, señala que aun con la presencia policial hubo robos en el lugar y quizá por eso a la gente no le importó cerrar el habitáculo, pero admite que ahora la situación es peor.

En la mayoría de los puestos abiertos la principal necesidad son las líneas telefónicas para que la comunidad pueda comunicarse con la Policía. En otros puestos policiales, como la UPC de Los Vergeles, que estaba previsto sea inaugurada este fin de semana, la necesidad es mayor. Aquí no hay instalación de tuberías para agua potable y los cuatro gendarmes deben abastecerse con tanqueros porque en esta zona esa es la regla. Hasta el martes pasado faltaban motos para patrullaje.

Autogestión
Las UPC de las Casas Colectivas (Gómez Rendón y avenida del Ejército) y de la Floresta 1 (Av. principal), esta última reabierta el pasado 27 de febrero, son dos ejemplos de autogestión de la ciudadanía.

Ecuador Zamora, dueño de un negocio en Av. del Ejército, tomó a cargo la coordinación del habitáculo de las Casas Colectivas hace un año y medio y aunque asegura que no todos sus vecinos colaboran con el mantenimiento de la UPC, recolecta unos 70 dólares semanales, aunque el gasto bordea los 90 y a veces incluye la gasolina. Antes, agrega, nadie quería colaborar porque no todos confiaban en la labor de la Policía.

A Genaro Espinoza, coordinador de la UPC de la Floresta, le tomó siete meses conseguir la reapertura de ese habitáculo que anteriormente era sustentado por una empresa que se fue de la zona.

Desde que cerró la UPC proliferó la delincuencia. “Tuvimos en el último año unos tres moradores y transeúntes asesinados por asaltantes”, expresa.

Por esta razón los moradores se vieron en la necesidad de rehabilitar ese local que antes funcionó como PAI y adecuarlo con los ingresos que consiguieron a base de la venta de comida criolla, rifas y bingos.

INHABILITADOS

NORTE Y CENTRO
La UPC-PAI Nº 8 situado en la ciudadela Samanes. En el centro también dejó de funcionar la UPC-PAI Nº 10 de la ciudadela Kennedy Norte y la UPC de la Ferroviaria que no registra numeración.

SUR
Cerró un PAI de la ciudadela Huancavilca y seis UPC: la Nº 34 de la 24 y la M; la Nº 29 de la 29 entre la A y la B; la Nº 51 de la precooperativa Pueblo Unido del Guasmo Sur (junto al colegio Provincia de Cotopaxi); la Nº 10 de la ciudadela 9 de Octubre; la Nº 17 en la cooperativa Santiaguito Roldós y el Nº 52 en Sedalana y la 10.

TRÁMITE
La creación o reapertura de una UPC o un PAI se solicita en el Comando de Policía Guayas (cuartel Modelo).