La Procuraduría General del Estado informó ayer que el viernes pasado emitió un informe favorable para la firma del contrato de construcción del proyecto hidroeléctrico Mazar.

La firma constructora es la asociación ecuatoriana-italiana Mazar-Impregilo-Herdoíza Crespo.

El documento se suscribirá en Cuenca el próximo 10 de marzo, con la presencia del presidente Lucio Gutiérrez, sostuvo René Morales, presidente de la generadora eléctrica Hidropaute, empresa adjudicataria y de propiedad del Fondo de Solidaridad.

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La presa, cuya obra física exigirá una inversión de  188’302.406 dólares –sin incluir el IVA (Impuesto al Valor Agregado)– se ubicará en los límites de las provincias de Cañar (suroriente) y Azuay (nororiente), en la unión de los ríos Paute y Mazar. El costo total, que incluye además equipos hidromecánicos, mecánicos, eléctricos y complementarios, suma los 300 millones de dólares.

En su informe, la Procuraduría ratificó que la obra tendrá que ejecutarse en tres años y nueve meses, contados desde el día en que se firme el contrato. La autoridad efectuó algunas observaciones de forma al texto.

Morales aseguró que los trabajos civiles se iniciarán inmediatamente después de la suscripción del documento, “tras 20 años de espera”.

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La central tendrá una capacidad instalada de 194 megavatios y se prevé que el costo del kilovatio hora que genere sea inferior a los dos centavos y medio de dólar.

La Procuraduría aclaró que el dictamen se produjo tras un minucioso análisis del proceso. El 21 de febrero pasado, la fiscal María Cerón inició un proceso de investigación (indagación) del proceso de preadjudicación del contrato; la matriz de uno de los socios, la italiana Impregilo, habría falsificado balances y facturas, según publicaciones de los medios de comunicación de ese país.