G-7 decide hoy la suerte de la CSJ

El diputado Rafael Dávila advirtió de una reacción del Ejecutivo si se intenta cambiar el TSE, TC e incluso desestabilizar el Gobierno Nacional.

La Izquierda Democrática y el Partido Social Cristiano intentan hoy obtener los siete votos de los diputados independientes que integran el bloque G-7, en una reunión matutina, en la que discutirán el método a utilizar para la posible reestructuración de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La información la proporcionó el legislador Mesías Mora, quien lidera al G-7, cuya posición se vuelve determinante en la tarea de reunir 51 votos. Mora anunció que si la ID y el PSC apoyan su fórmula de cambiar la CSJ a través de una reforma a la Ley Orgánica de la Función Judicial, concretarán esa mayoría.

La propuesta de este sector político es aplicar una reforma a la Ley de la Función Judicial para establecer la forma en que se integrará una comisión especial encargada de calificar la idoneidad de los aspirantes a magistrados de la CSJ que presentará la sociedad. Plantea que el colegio electoral que calificará a los jueces esté compuesto por cinco o siete representantes de organizaciones afines a la justicia, incluso de los medios de comunicación. Una vez aprobada la reforma a la Ley de la Función Judicial, agrega la propuesta del G-7, se tendrá que obtener la renuncia irrevocable de la anterior Corte y luego se cesará la actual.

Respecto a su relación con la mayoría afín al Gobierno, Mesías Mora expresó que los siete independientes pretenden dar una respuesta al problema de la CSJ, y si la mayoría institucional está con esa tesis en buena hora, sino se tendrá que coincidir con la oposición.

Sin embargo, ayer el legislador Rafael Dávila indicó que los votos del G-7 están seguros con el Gobierno.

Dávila agregó que  el Ejecutivo busca acelerar la consulta popular, para que la mayoría institucional califique su contenido, y con ello bajar la confrontación política.

Advirtió una reacción sin precedentes de parte del Gobierno si la oposición va más allá de la reestructuración de la CSJ, como cambiar al TC, TSE, presidencia del Congreso Nacional, incluso intentar desestabilizar el régimen.

Otro de los votos que está siendo disputado en el Parlamento es el del roldosista Marco Proaño Maya, quien ayer manifestó que está de acuerdo con interpretar la Ley Orgánica de la Función Judicial para evitar la opinión de la Función Ejecutiva.
Ramiro Rivera, de la Democracia Popular, advirtió que el país está entrando en un callejón sin salida por lo que planteó exhortar a los  alcaldes de Quito (Paco Moncayo) y de Guayaquil (Jaime Nebot) para que lideren un proceso que involucre la renuncia patriótica de los 31 magistrados de la Corte designada en 1997, y el Congreso deje sin efecto la resolución del 8 de diciembre del 2004, y a partir de ello ir hacia una tercera Corte, donde el Parlamento no participe, sino que la elección de los nuevos magistrados nazca de un proceso de concurso público con la participación de la sociedad.