Asociaciones de extranjeros estiman que unos 800 mil se quedarán sin papeles en España.

La Asamblea por la Regularización sin Condiciones tilda de fracaso las primeras cifras que presentó el Gobierno español sobre el proceso de regularización de inmigrantes que culminará el 7 de mayo.

Según esta asociación de inmigrantes con sede en Barcelona, tras este proceso regularizador iniciado en España unos 800.000 inmigrantes continuarán sin papeles.

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En un comunicado, la organización afirma que si el ritmo de solicitudes no decae, se alcanzarán unos 450.000 expedientes hasta el final del proceso, cifras “muy lejanas a 1’300.000 inmigrantes que viven en España sin papeles”.

El Gobierno español anunció el miércoles pasado, al hacer el balance de los primeros quince días del proceso, que desde su inicio, el pasado 7 de febrero, se ha solicitado la regularización de cerca de 50.000 inmigrantes.

Los ciudadanos de Ecuador, según el informe, encabezan la lista con 13.431 solicitudes, seguidos de colombianos (6.350), marroquíes (5.756), argentinos (1.049), entre otras nacionalidades.

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El 37% de las solicitudes recibidas atañe a empleados domésticos, los únicos que pueden hacer el trámite personalmente.

La Comunidad de Madrid ocupa el primer lugar en número de solicitudes presentadas (15.479), por delante de las regiones de Cataluña (8.248) y Valencia (6.380).

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Según la Asamblea por la Regularización, el principal motivo de la “escasez” de inmigrantes regularizados está en el requisito del contrato laboral impuesto por las autoridades.

“Muchos inmigrantes –han asegurado– han sido despedidos por su patrón y, de momento, el Gobierno es absolutamente tolerante con los cómplices de estos despidos”, dice el comunicado.

Otra razón, indica la Asamblea, es la “arbitrariedad” de las disposiciones administrativas y los requisitos exigidos, en especial el certificado de antecedentes penales  (récord policial) del país de origen, que muchos inmigrantes “no recibirán hasta que finalice el proceso”.

Además, han señalado que la economía sumergida “no ha aflorado” ya que el servicio doméstico “acapara un alto porcentaje de las solicitudes presentadas”.

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La Asamblea por la Regularización sin Condiciones ha exigido por todo esto al Gobierno español que sea más coherente con los requisitos exigidos, amplíe los plazos y suprima el contrato como requisito indispensable.

Trámites

Empleadores

En el proceso de regularización del gobierno español por primera vez es el empresario o el empleador quien debe legalizar la situación de sus empleados. Solo quienes trabajan en labores domésticas pueden presentar por sí mismo la solicitud.

Autorización

Si se acepta la solicitud del empleador o del propio trabajador lo que obtiene el inmigrante es una autorización de residencia y trabajo.

Requisitos

Además de un contrato de trabajo mínimo por seis meses, los otros requisitos son: el certificado de antecedentes penales (récord policial) del país de origen y el certificado de empadronamiento que garantice que está en España antes del 8 de
agosto pasado.

Compromisos

El compromiso del empresario, aceptada la solicitud, es aportar la seguridad social de los empleados, y los inmigrantes favorecidos deberán pagar impuestos.