En esta ocasión el asentamiento ilegal se da junto a la nueva autopista Terminal Terrestre-Pascuales, en Cerro Colorado, una zona ecológica protegida por el Ministerio de Ambiente.

Cierto es que el déficit de vivienda barata, así como el subempleo y desempleo propician las ocupaciones ilegales, pero un factor determinante para que estas se produzcan son los traficantes de tierra, quienes no solo están movidos por la ambición económica sino también por el rédito político.

Al liderar una invasión, el promotor obtiene dinero por el derecho de posesión de cada lote, y en conjunto los habitantes del sector constituyen una masa al servicio de los intereses de su líder barrial, que a cambio mantiene la promesa de legalizar “su propiedad”. Es la historia de los Guasmos, Malvinas, Bastión, Florida, entre otras invasiones, cuyos mentores son de reconocida trayectoria.

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El problema pasa de ser urbanístico y se torna de carácter social porque las familias que invaden, al comprar un lote ilegal, adquieren una vida llena de incomodidades, carencias e insalubridad ante la falta de servicios básicos que tardarán años en llegar.

Permitir la ocupación ilegal de tierras representa un alto costo para la sociedad; le compete a las autoridades correspondientes actuar preventiva y responsablemente.