Un sacerdote católico y una líder política de izquierda acusaron este martes al ejército de Colombia de la masacre de ocho campesinos, incluidos cinco niños, en una zona selvática, un día después de que Estados Unidos reconoció avances de este país en derechos humanos.
 
Pero el ministerio de Defensa negó la responsabilidad del ejército en la masacre que se cometió la semana pasada en una alejada zona del municipio de Apartadó, en el departamento de Antioquia, 450 kilómetros al noroeste de Bogotá.
 
"Uno no sabe hasta dónde llegan los paramilitares y hasta dónde la fuerza pública, lo que sí sabemos con certeza es que todos estos crímenes fueron directamente de batallones de la brigada 17", dijo el padre Javier Giraldo, en base a los testimonios de habitantes de la zona de la matanza.
 
La oficina en Colombia del alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos denunció que cinco de los cadáveres presentaban mutilaciones con machete y que algunas de las víctimas habrían muerto por impactos de bala.
 
La masacre se registró en una alejada región en donde tienen presencia guerrilleros izquierdistas y paramilitares de ultraderecha que combaten por el control de una zona estratégica para el tráfico de drogas y de armas en medio del conflicto de cuatro décadas que deja miles de muertos al año.
 
Las Naciones Unidas dijeron que no tenían información sobre los autores de la matanza y la Fiscalía General mencionó en un informe preliminar tres hipótesis que señalan como posibles autores a paramilitares, a guerrilleros y al ejército.
 
El mismo informe admitió que ninguna hipótesis está sustentada y que las pruebas en la escena del crimen fueron alteradas.
 
La ex alcaldesa de Apartadó, Gloria Cuartas, una destacada dirigente política de izquierda, también responsabilizó de la masacre al ejército.    
 
Gobierno niega y ofrece colaboración
"Lo que vimos muestra las huella y la acción de la décima séptima brigada que venía haciendo operativos en la zona y cogía los grupos familiares que iba encontrando y los asesinaba", declaró Cuartas.
 
Pero el ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe, negó las acusaciones y anunció la disposición de las autoridades militares para colaborar con la investigación que permita identificar, capturar y castigar a los responsables.
 
"La fuerza pública está tranquila en que no fue ella la que cometió estos atropellos, estos crímenes y está prestándole toda la colaboración a la Fiscalía y la Procuraduría en el esfuerzo por esclarecer estos hechos", declaró Uribe.
 
Las víctimas pertenecían a la comunidad de paz de San José de Apartadó, que después de ser desplazadas de sus territorios como consecuencia del conflicto, retornaron y se declararon neutrales como un acto de resistencia civil pacífica.
 
Al menos 154 miembros de esta comunidad han sido asesinados desde 1997, de acuerdo con las Naciones Unidas.
 
Las denuncias se conocieron un día después de que el Departamento de Estado norteamericano reconoció algunos avances del gobierno de Colombia en el tema de derechos humanos, en su evaluación anual sobre el tema.
 
El informe sostuvo que aunque persistían problemas serios, hubo mejoras en algunas áreas pese a que organizaciones no gubernamentales denunciaron un incremento en los atropellos por parte de las fuerzas armadas.
 
Sin embargo, el informe reconoció una reducción en los abusos atribuidos a las fuerzas armadas, pese a a que algunos efectivos se vieron implicados en matanzas extrajudiciales, desapariciones y continuaron colaborando con los escuadrones paramilitares en su guerra sucia contra la guerrilla.
 
Estados Unidos ha entregado más de 3.000 millones de dólares a Colombia en asistencia militar desde el año 2000 para combatir el narcotráfico y los grupos armados ilegales que se financian de esa ilícita actividad.