Los sectores de oposición al Gobierno aplicarán, esta semana, su amenaza de instalar un congreso paralelo si no logran los 51 votos necesarios para cambiar la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero hasta ayer no había una fórmula de consenso para lograr su objetivo.

Los diputados Luis Fernando Torres, del PSC, y Jorge Guamán, de Pachakutik, ratificaron la decisión de sus organizaciones, a la que se suma la Izquierda Democrática, de dar plazo hasta el miércoles para que el presidente del Congreso, Omar Quintana, incluya en el orden del día el debate respecto al análisis constitucional de la CSJ.

Los tres grupos centran su expectativa en reunir los suficientes adeptos a la intención de cambiar la actual CSJ, pero no logran ponerse de acuerdo en el camino legal que llevaría a elegir una tercera Corte.

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Mientras que el PSC y la ID consideran que debe haber una vacancia en la CSJ hasta que se encuentre una salida legal para la elección de los nuevos jueces, los independientes del G-7 señala que no están de acuerdo con ello sino en una elección inmediata, a través de colegios electorales.

Torres dijo que en esta semana se presionará a los independientes y socialistas para la reestructuración de la actual Corte, pues al momento existen 47 votos a favor del cambio incluyendo al cefepista Jorge Montero.

Reconoció que no hay una fórmula para la designación de la tercera Corte, pero añadió que el propósito es que la CSJ esté lejos de un reparto político-partidista.

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Jorge Guamán, de Pachakutik, dijo que el Congreso debe tomar una decisión en esta semana porque el país no puede seguir viviendo en incertidumbre jurídica. Los seis votos de su bloque están a favor de los cambios de la Corte, aunque es complicado obtener 51 votos; cuando se sabe que el Gobierno sigue ofreciendo obras y recursos a los independientes, anotó.

El socialista Víctor Granda ratificó su apoyo al cambio en la Corte, pero aclaró que su bloque no está dispuesto a sumar sus votos para una reestructuración de los tribunales Constitucional y Electoral.

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El representante de la Asamblea de Quito, John Argudo, alertó que iniciaron los contactos con todas las provincias para preparar la revocatoria del mandato de los diputados que se salieron de la disciplina partidista y apoyaron un cambio inconstitucional de la Corte el 8 de diciembre pasado.