Sin embargo, el 1 de febrero se suspendió su debate en el Congreso.

Ante esto, el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNNA), con el apoyo de Unicef, ha solicitado a los legisladores que se le dé prioridad a esta reforma de ley y se consideren los factores que inciden en el alarmante aumento de delitos de tipo sexual contra menores de edad, como la permisividad cultural de una sociedad machista, la relación de desventaja de los menores ante los adultos, el agravante de que en muchos casos los abusadores son familiares, personas de confianza o con las cuales tienen relación de dependencia, como el caso de profesores.

La propuesta del CNNA detalla mecanismos y reformas para agravar las penas, trabajar en prevención, sancionar también al cliente, así como crear un sistema de asistencia para la rehabilitación psicológica de la víctima y su familia.

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Habrá que tener extremo cuidado en la definición de los delitos y en las medidas complementarias que se implementen para demostrar que se trata de un serio esfuerzo por garantizar la protección y la integridad de los niños y adolescentes.