El Congreso aprobó, en enero pasado, cinco de los 21 artículos del Código de Procedimiento Penal (CPP) sobre el abuso sexual infantil a reformarse.

El 10 de octubre del 2003 la sociedad ecuatoriana hizo una pregunta a los representantes del sistema legal ecuatoriano: ¿Cómo se castiga a los responsables de la pornografía infantil y de la explotación sexual comercial de los menores de edad si estos no están tipificados en el Código de Procedimiento Penal ecuatoriano? La interrogante aún no ha sido contestada.

La citada fecha fue el inicio de un largo debate. Los esposos Jorge Eugenio Burdet Cedeño y María Concepción Cedeño Aguirre, los dos de 44 años, fueron detenidos en Galápagos por ser autores del abuso sexual a más de 50 menores en Puerto Ayora, Galápagos, luego de utilizarlos para filmar videos pornográficos que iban a venderse en Europa y Estados Unidos.

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Luego de varios análisis toxicológicos realizados a las afectadas, Eduardo Sandoval, médico del Instituto de Higiene, confirmó, el 25 de octubre del 2004, que los agresores abusaban sexualmente de las víctimas poniéndoles cocaína en el canguil, como si fuera sal, y marihuana (como orégano) en las pizzas que les daban.

La justicia ecuatoriana inició ese 10 de octubre nueve procesos en su contra por los delitos de violación, atentados contra el pudor y suministro ilegal de drogas, pero no por pornografía.

Los resultados fueron los siguientes: cinco sentencias ejecutoriadas de 16 años de reclusión mayor extraordinaria por el delito de violación y una de doce por atentar contra el pudor de las menores afectadas; mientras que aún no se han ejecutoriado una de 20 y otra de 25 años de prisión por violación y una de 25 años por suministro ilegal de drogas y violación.

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Este caso, que aún no se resuelve, motivó en el país la búsqueda de alternativas para castigar a quienes producen pornografía y explotan sexualmente a menores, una vez que el gobierno de Estados Unidos dio, en junio del año pasado, 60 días para demostrar iniciativas que erradiquen el problema.

Esto luego de analizar el informe de trata de personas elaborado por el Departamento de Estado de ese país que determinó que en Ecuador el nivel de cometimiento de estos delitos es crítico.

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Esta situación puso en riesgo un recorte de la ayuda económica estadounidense, por lo que el entonces ministro de Gobierno, Raúl Baca, presentó el 12 de agosto pasado un proyecto para combatir la explotación sexual de niños y adolescentes a la embajadora de EE.UU., Kristie Kenney.

Difusión de programas
Esta solicitud también fue acogida por el Congreso Nacional, cuando en enero pasado aprobaron solo cinco de los 21 artículos del Código a ser reformado (ver recuadro).

Sara Oviedo, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNNA), insiste en la necesidad de cambiar las leyes penales en el país, pero también propone trabajar en la difusión de programas educativos para prevenir los abusos en los núcleos sociales.

“Una de las estrategias para lograr este objetivo es utilizar los medios de comunicación para difundir programas de prevención para que los niños no sean abusados”, dice.

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Nathaly Yépez, de 14 años, y presidenta del Tribunal de Niños y Niñas de Pichincha, expresa que es necesario presionar a la sociedad civil para que apoye la iniciativa “y si esto no se cumple seguiremos con movilizaciones a nivel nacional”, porque, manifiesta, no es posible que 5.000 niños, niñas y adolescentes hayan sido abusados sexualmente en el 2004, según la Unicef.

El jurista Edmundo René Bodero considera que tipificar los delitos no es la única alternativa, ya que “es necesario educar a una sociedad mediática porque se difunden productos como estimulantes para las más abyectas pasiones y aberraciones sexuales”.

“Si se trata de penalizar la pornografía infantil se debería proteger a los humanos desde que nacen hasta los 10 o 12 años con penas duras y disminuirlas conforme se convierte en adulto”, indica.

5.000 MENORES
Fueron explotados sexualmente en el Ecuador durante el 2004, según estadísticas de la Unicef difundidas por Nathaly Yépez, del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Pichincha.

9 SENTENCIAS
Han recibido los esposos Jorge  Burdet Cedeño y María Concepción Cedeño Aguirre por haber abusado sexualmente de al menos 50 menores en Puerto Ayora (Galápagos).