Ex presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales señala potestades del Estado.

La frustrada intervención del Ministerio de Bienestar Social (MBS) a la Fundación Mariana de Jesús y el anuncio de que se haría lo mismo en Malecón 2000 desataron la polémica sobre los alcances de la autoridad de ese portafolio hacia las entidades de derecho privado registradas en la mencionada Secretaría de Estado.

Los argumentos del subsecretario de Bienestar Social, Bolívar González, para la primera intervención fueron que la Fundación Mariana de Jesús no estaba cumpliendo el objeto social para el cual fue creada, que no aplicaba estrictamente el estatuto que la rige y que, además, habían puesto sus depósitos en bancos que operan en el exterior, con lo que se perjudicaba al país.

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Según el Ministerio de Bienestar Social, seis mil fundaciones son investigadas porque están bajo sospecha. Además, hay otras seis mil que no se han registrado en ningún ministerio.

González considera que en el país existen unas 60 mil fundaciones; 16.000 de ellas registradas en el Ministerio de Bienestar Social y las restantes en los ministerios de Gobierno, Salud, Educación, Ambiente, Turismo, entre otros.

Sin embargo, los argumentos jurídicos esgrimidos por el funcionario de la Secretaría de Estado para la intervención son rebatidos por el ex presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales (TGC), Ernesto López, para quien “en ninguna parte de la ley se le da la posibilidad al Estado de intervenir en fundaciones ni corporaciones”.

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A diferencia de Guayaquil, el Municipio de Quito se maneja con corporaciones en lugar de fundaciones y hasta el momento no se ha hablado de interferir en los entes de la capital de la República.

López explicó que debido a la libertad de asociación, el Estado no puede inmiscuirse en personas de derecho privado como son esos organismos, llámense fundaciones o corporaciones.

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El constitucionalista recordó que el gobierno de León Febres-Cordero (1984-1988) intervino a dos fundaciones y a la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, pero en ese entonces fueron consideradas inconstitucionales por el TGC y el fallo fue ratificado por el Congreso.

Mario Vásconez, director del Centro de Investigaciones Ciudad, dijo que los ministerios no son mecanismos de control de las fundaciones, ya que ellos únicamente dan el aval para el funcionamiento de esas entidades de servicio.

“Tenemos la obligación de elegir una directiva, de hacer reuniones cada cierto tiempo, debemos tener un sede, un director, un cuerpo administrativo, una asamblea, cuyas resoluciones constan en un acta que es legalizada ante un notario y así funcionamos”, manifestó.

Sobre el argumento del Subsecretario de que la Fundación Mariana de Jesús hace tareas que no están incluidas en sus estatutos (como la de tener inversiones en el exterior), López dijo que “González está equivocado al intervenir a la Fundación con el argumento de que no cumple el estatuto. No vamos a poner en él todo lo que podemos hacer; necesitaríamos 500 páginas o más. Podemos hacer todo lo que la Constitución y la ley nos permita”.

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“En la administración pública no se puede hacer nada que no esté permitido en la ley. Y la intervención no está expresamente permitida, pero el Subsecretario lo hizo y se extralimitó en sus funciones”, dijo.

Según López, “las fundaciones se constituyen con capitales casi siempre privados y no pueden prohibir que el dinero privado sea llevado al extranjero, prohibir eso es una barbaridad”.

Fiscalización
Vásconez también resaltó que las fundaciones pueden ser fiscalizadas y auditadas por la Contraloría, y no por los ministerios donde están inscritas, solamente para analizar los casos específicos en que hayan realizado contratos con el Estado.

“Las fundaciones también somos agentes de retención en caso de contratos; pagamos el Impuesto al Valor Agregado (IVA), en las adquisiciones; el Impuesto a Consumos Especiales (ICE), como cualquier otra entidad; si tiene personal a cargo deben cumplir con la Ley se Seguridad Social”, añadió, al resaltar que las fundaciones cumplen las normas “como cualquier persona natural que ejerce una profesión o una actividad económica; nuestras organizaciones no evaden impuestos”.

LOS HECHOS

Desalojo
El pasado 14 de febrero, mediante un operativo de la Policía y el Ministerio de Bienestar Social, funcionarios de la Fundación Mariana de Jesús fueron desalojados de su sede, a fin de que esa institución quede a cargo de un liquidador impuesto por el MBS.

Retaliación
Francisco Peña, director de la Fundación, indicó que se trata de una retaliación porque la entidad impidió que el MBS se apropie de unos terrenos.

Plan
Se denunció también que el Ministerio de Bienestar Social tenía interés de usar los bienes de la fundación para llevar adelante un plan de vivienda que ha prometido.

Irregularidades
El subsecretario de dicha cartera de Gobierno, Bolívar González, negó tales acusaciones y dijo que la decisión de posesionar a un liquidador se debe a que existen indicios de irregularidades en la administración de la Fundación.

Investigación
El sábado 19 de febrero, el presidente Lucio Gutiérrez dejó sin efecto la intervención, pero anunció que seguirán las investigaciones al manejo de esa entidad. El caso es tramitado ahora en la Fiscalía General de la Nación.