En la interminable y dolorosa lista de secuestros operados en Colombia, principalmente por la acción e intervención de las FARC, el de Ingrid Betancourt, ex candidata presidencial, es posiblemente el más representativo, no solo por el hecho de haber cumplido recientemente el tercer aniversario de su cautiverio, sino principalmente por la serie de factores que evidencian el drama humano que se devela alrededor de un secuestro.

Hace pocas semanas, una revista colombiana revelaba que, a diferencia de lo que usualmente se ha conjeturado, el principal ingreso de las FARC no provenía de las actividades relacionadas al narcotráfico, tales como protección a campos de cultivo, alquiler de pistas de aterrizaje y otras tareas afines, sino principalmente de los fondos que se pagan anualmente por el rescate de los secuestrados en Colombia y, en esa línea, inclusive se señalaba el costo operacional que significaba para las FARC, el mantener con vida a un secuestrado. Sin embargo, hay secuestros emblemáticos que más que motivos económicos persiguen razones y excusas políticas, que podrían explicar la radicalización de las posturas de las FARC así como del propio presidente Álvaro Uribe al momento de discutir la posibilidad de la liberación de la señora Betancourt.

Todo lo cual ha propiciado una secuencia adicional de circunstancias que obligan, incluso, a reflexiones de carácter ético, tratándose de los secuestros y de los intentos de liberación. Por una parte, la familia de Ingrid Betancourt, quien más allá de mostrar su inconformidad con el hecho del secuestro, ha acusado abiertamente al gobierno de Uribe de no solo evitar un entendimiento que permita la liberación de la secuestrada, sino más bien de alentar lo contrario, es decir una radicalización de las posturas que hagan virtualmente imposible esta liberación. Comprendiendo el dolor familiar y la magnitud de la ansiedad y desesperación que debe imperar en la familia, se puede inclusive entender la distorsión que se produce al señalar a los verdaderos culpables del secuestro, no siendo tampoco procedente otorgar la misma responsabilidad a los autores del delito que a las autoridades del Gobierno cuyo deber político y legal, definitivamente, se confronta con la angustia de la familia.

Agregando otros factores que enrarecen aún más la situación, se ha conocido que el Gobierno francés, al tener Ingrid Betancourt también esa nacionalidad, había tenido ciertos contactos con Rodrigo Granda, cuya curiosa captura motivó el serio incidente diplomático entre Venezuela y Colombia y a quien ahora también se lo acusa de ser cómplice del secuestro y asesinato de la hija del ex presidente paraguayo, Raúl Cubas. Este singular personaje, que entraba y salía de nuestro país cuando le venía en gana, ha demostrado que tenía bastante más poder en las FARC que el que se podía suponer y por eso algún familiar de Ingrid Betancourt lamentó su captura, aduciendo que a través de él se podría conseguir la liberación de aquella. No sería la primera ocasión que un gobierno extranjero converse con guerrilleros para conseguir la liberación de un secuestrado, pero aquello de no capturar a un jefe subversivo por el afán de conseguir esa liberación, es otra historia. La que sigue sufriendo su historia es Ingrid Betancourt: en medio de la selva y de los intereses políticos y económicos que reflejan la guerra colombiana, su liberación será un suspiro de libertad.