La Federación de Servidores Públicos (Fedesep) aún espera revertir el plan de despidos (o supresión de partidas, como lo denominan el Ministerio de Economía y la Secretaría Nacional de Remuneraciones) con dos argumentos: la resolución de la Comisión de lo Laboral del Congreso que pide la suspensión del proceso y una demanda de inconstitucionalidad que prevé plantear la próxima semana en el Tribunal Constitucional, con el auspicio de la Defensoría del Pueblo.

Luis Villacís (MPD), presidente del grupo legislativo, señaló: “Estamos alistando todos los documentos”.

Mientras tanto, el ministro de Economía, Mauricio Yépez, firmó ayer el acta de desenrolamiento de alrededor de 100 servidores públicos de esa Secretaría de Estado, para lo cual hay una partida de “alrededor de $ 1,3 millones”. El funcionario sostuvo que, si la Fedesep pide la inconstitucionalidad de la medida, el Gobierno insistirá con su plan ante los tribunales.

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Una vez que las notificaciones llegan a los seleccionados, explicó Yépez, los funcionarios no pueden regresar a las instituciones. La desvinculación es inmediata, indicó.

Entre tanto, Miguel García, presidente de la Fedesep, manifestó que la estrategia del Gobierno fue “esperar hasta el viernes, para evitar protestas en los siguientes días”.

En el resto de instituciones públicas, el proceso está a cargo de sus autoridades.