1 y 4 de febrero/1995. 
César Torres Herbozo y Sebastián Serpetrin presentan a  Ecuador las ofertas para la provisión de fusiles Fal y municiones requeridas durante el conflicto bélico con Perú.

8 de febrero/1995. 
El jefe del Comando Conjunto, Manuel Vayas, remite la documentación para la compra de armas.

11 de marzo/1995. 
La prensa argentina denuncia que Ecuador compró en febrero de 1995:  8.000 fusiles automáticos, 36 cañones de 105 y 155 milímetros, 10.000  pistolas, 350 morteros, 50 metralladoras, 58 millones de municiones, 9.000 granadas y 200 toneladas de explosivos. Argentina fue garante del Protocolo de Río de Janeiro y Garante de la Paz.

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1996. 
Fernando Rosero, como contralor, denuncia que se compró armamento obsoleto.

28 de enero/1997. 
La Contraloría pide que se realice una valoración real del material entregado por el contratista César Torres Herbozo, a fin de obtener el valor exacto del anticipo no devengado y que se solicite a la compañía aseguradora (Seguros Equinoccial) el reintegro total.

13 de diciembre/1998.
Roberto Sassen, representante de la empresa Prodefensa, denunció  que en Argentina  le vendieron “chatarra y basura”.

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16 de diciembre/1998. 
Zulema Yoma, ex mujer del presidente argentino, Carlos Menem, vinculó la muerte de su hijo a la venta ilegal de armas  a Ecuador.

8 de abril/2001.
Carlos Menem  niega estar implicado por la venta ilegal de armamento a Croacia y Ecuador, entre 1991 y 1995.

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7 de junio/2001.
Carlos Menem es detenido.

20 de noviembre/2001. 
Tras 167 días de prisión un fallo de la Corte Suprema descalificó las imputaciones de “asociación ilícita” que se hacían contra Menem y lo deja en libertad.

26 de agosto/2002.
El Juzgado Primero de la Zona Aérea ofició a la Policía Judicial de Pichincha para que detenga a Roberto Sassen y César Torres Herbozo, por el caso de venta de armas.

10 de septiembre/2003.
El Ministerio Público dicta una instrucción fiscal con pedido de prisión preventiva en contra del ex ministro de Defensa, José Gallardo; el ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Víctor Manuel Vayas; y de los civiles Roberto Sassen y César Torres Herbozo.

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11 de septiembre/2003.
La jueza 2ª de lo Penal de Pichincha, Ángela Sarmiento, se inhibió de conocer el pedido del fiscal y remitió el expediente al presidente de la CSJ, Armando Bermeo.