Se requieren reformas legales y estructurales profundas. Una más nos llega próximamente: la Ley Combo (no podemos criticarnos por carencia de creatividad). ¿Qué debería contener este nuevo paquete? Muy simple: leyes que le permitan al país, y a los ecuatorianos, que es aún más importante avanzar en la dirección de mercados con más competencia, más libertades y mayor respeto a la propiedad. Con eso basta y sobra.

1) El petróleo. Los ciudadanos somos los dueños de esa riqueza, que de manera abusiva nos fue arrebatada y transferida al Gobierno. Y, adicionalmente, estamos sometidos al monopolio e imperio de Petroecuador. Inaceptable. Hay que abrir la competencia tanto en la producción de crudo como en la comercialización y producción de derivados. Los dueños del petróleo solo queremos que nuestro patrimonio se maneje de manera dinámica y eficiente. Petroecuador no lo hace. Y algo adicional: ¿qué tal si al final de cada año nos entregan un cheque por las ganancias que hemos tenido ese año en el petróleo e inmediatamente lo enviamos al SRI como pago de un “impuesto petrolero”? Así estaremos claros en cuánto recibimos y por qué no nos queda nada.

2) La Seguridad Social. No hay vueltas que darse: los ciudadanos tenemos derecho a decidir cómo y dónde manejamos nuestra jubilación. Debe haber un sistema libre y abierto de competencia, incluyendo la posibilidad de quedarse en el IESS (pero bajo dos preceptos: el IESS no debe tener ninguna ventaja, y sus eventuales problemas no los asume la colectividad). Para esto es fundamental que se resuelva el tema del déficit actuarial (es decir el déficit futuro que tiene el sistema generado por todos los errores del pasado), pero esto no se lo debe hacer como se ha planteado, es decir que el Gobierno se comprometa ante el IESS a asumir dicho déficit, sino que se comprometa ante cada ciudadano cubriendo la diferencia entre lo que cada uno ha aportado en el pasado y los activos que existen.

3) Descentralización. Las leyes existen pero hay que empujarlas sin resistencias ni reticencias (en el caso de los Bomberos en Guayaquil, el Gobierno ya ha amenazado con auditorías y trabas, esas son resistencias inútiles). Y la descentralización no solo debe ser del Gobierno central hacia los seccionales (los políticos siguen teniendo la sartén por el mango), sino hacia la ciudadanía. Por ejemplo, si un grupo de personas quiere manejar una escuela fiscal, debe existir la posibilidad de transferencia. Lo mismo en salud y mil otros casos. Sin dilatorias.

Nota 1: La autoridad pública se debilita cuando no se cumple lo exigido (pero, ¿se exige?). Hace días (realmente meses, siempre pospuestos), ya no debía circular el transporte pesado en Quito en ciertas horas y en ciertos lugares. En esos lugares y horas me he topado con caravanas de pesados humeantes. ¿Entonces?

Nota 2: Las fundaciones pueden ser evaluadas ya que han recibido un beneficio del Estado: la exoneración de impuestos, por ejemplo. Pero de ninguna manera atropellando los procesos y derechos como en la Fundación Mariana de Jesús. Inaceptable.