Empleados del Ministerio de Economía no fueron notificados ayer de sus salidas como se anunció.

Desde el lunes pasado, con la publicación de las normas que rigen los despidos en el Gobierno central (conformado por los 15 ministerios), ningún servidor público se atreve a decir que está seguro en su cargo.

“Todos estamos metidos en el mismo saco”, comentaba ayer una funcionaria del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a su compañera, mientras bajaban en el ascensor al comedor general, donde el tema de conversación continuaba. ¿A qué hora nos notificarán?; ¿y si estoy en la lista, qué hago?

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Preguntas similares, unas en  tono de preocupación y otras con aires de resignación se repetían a la hora del almuerzo, con más especulaciones que respuestas, pues las notificaciones que el ministro de Economía, Mauricio Yépez, anunció que empezarían ayer en esa dependencia, no se ejecutaron.

En el sexto piso del viejo edificio del MEF, el presidente de la Federación de Servidores Públicos y empleado de ese Ministerio, Miguel García, daba por hecho su salida. En tres cajas de cartón guardaba papeles, carpetas, libros. Luego de 24 años en la función pública, no descarta su participación en la política a futuro. Es un hombre de izquierda y militó en el FADI (Frente Amplio de Izquierda).

Los dirigentes de los demás ministerios están en contacto permanente, por celular o encuentros rápidos. Todos preparan argumentos para demandar la inconstitucionalidad de los despidos.

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Según Yépez,  la supresión de partidas no tiene marcha atrás: 5.000 servidores públicos dejarán sus cargos.

Autoridades, analistas económicos y organismos internacionales coinciden en que la masa salarial de la burocracia “es enorme”. El gasto en salarios en el presupuesto pasó de $ 705,49 millones, en el 2000, a  $ 2.180 millones, en el 2005.

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La Secretaría de Remuneraciones  y el MEF calculan que  los despidos permitirán un ahorro para el fisco  de $ 30 millones. Pero ese dinero servirá para cubrir el alza de salarios derivado de la homologación salarial (escalas de remuneraciones unificadas vigentes desde enero pasado), impulsada por el Gobierno con la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa.

El Estado asumirá el pago de las indemnizaciones ($ 100 millones) con fondos del presupuesto, y después con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, del que aún no se conocen los intereses, plazos ni vencimientos.

PROCESO

NOTIFICACIONES
Hasta ayer en varias instituciones públicas –como el Ministerio de Comercio Exterior–  no se creaba el Comité Técnico, encargado de ejecutar las notificaciones.

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LíMITE A INDEMNIZACIONES
La indemnización será de $ 1.000 por cada año de servicio, hasta  llegar a un tope de $ 30.000. Ninguno  puede recibir más que ese monto.

PRIMEROS DESPIDOS
Según el ministro de Economía, Mauricio Yépez, el desenrolamiento empezaría con alrededor de 100 funcionarios de la secretaría de Estado que está bajo su mando.

AUSTERIDAD
El presidente de la República, coronel Lucio Gutiérrez, firmó el martes pasado un  nuevo decreto ejecutivo para regular la austeridad y el gasto público. La Presidencia difundió un boletín, pero no el decreto.