Nombrar una comisión para solicitar la revocatoria del mandato de los diputados de la mayoría afín al Gobierno que aprobaron la reestructuración de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de los tribunales Constitucional y Supremo Electoral es una de las cinco resoluciones adoptadas anoche por la denominada Asamblea de Quito.

Luego de una semana de la marcha en contra del régimen, impulsada por el alcalde, Paco Moncayo, el conglomerado decidió invitar en nombre del cabildo al relator de las Naciones Unidas, Leandro Despouy, para que visite el país la próxima semana para evaluar la situación de las cortes de Justicia.

Mediante un comunicado, la Asamblea de Quito indicó que resolvió enviar una comunicación al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Louise Arbour, para que insista ante el gobierno del Ecuador en adelantar la visita de Despouy antes del 14 de marzo.

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Según la misiva, debido a que el organismo internacional sesionará  entre el 14 de marzo y el 23 de abril próximos, la Cancillería quiere aplazar la visita del relator internacional para el 17 de abril para impedir que presente su informe ante la comisión.

En la mañana, organizaciones integrantes de la Asamblea de Quito iniciaron protestas frente al Congreso a fin de presionar a los diputados para que den paso a la reforma de la Ley Orgánica de la Función Judicial y de esta manera nombrar a una Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La agrupación Ruptura de los 25 armó un cordón con camisetas, pantalones, blusas y pijamas viejas y sucias en la plaza Simón Bolívar, al pie del Parlamento, como parte de la manifestación a la que se sumó Participación Ciudadana.

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Norman Wray, representante de Ruptura de los 25, explicó que “la idea de sacar los trapos sucios al sol es exigirle a los legisladores transparencia y respuestas claras de cuál será su actuación frente al mandato de la Asamblea de Quito (redactada después de la Marcha por la Patria, del 16 de febrero pasado)”.

Desde ayer, al menos una persona de este grupo de jóvenes asiste a las sesiones del Legislativo y así lo hará por tiempo indefinido. El propósito es vigilar el trabajo de los parlamentarios, aseveró.