Fiscalía investiga desobediencia judicial

Por disposición del ministro fiscal del Guayas, Walter Tomsich, el agente fiscal Antonio Gagliardo inició ayer una indagación previa que determinará la presunción de un delito de rebelión o desacato de los internos de la Penitenciaría, en su declaratoria de desobediencia judicial.

En la víspera, el Comité Central de Internos del Centro de Rehabilitación Social de Varones de Guayaquil, envió un manifiesto a la Corte Superior de Justicia de Guayaquil y a los tribunales penales, mediante el cual comunicó que los detenidos con más de un año de prisión sin sentencia, no concurrirán a las audiencias de juzgamiento hasta que sea derogada la detención en firme (figura legal que impide la caducidad de la prisión preventiva).

Tomsich indicó ayer que la Fiscalía tomará los datos precisos para abrir la indagación, con el propósito de identificar a los presuntos autores de la posible rebelión o desacato, que denunciaron los jueces de los tribunales penales.

No obstante, el ministro fiscal advirtió la posibilidad de que “detrás de algunos presos, utilizados como carne de cañón para que vayan al frente de la rebelión, estén otros involucrados en delitos mayores o considerados de mayor peligrosidad”.

Agregó que el fiscal que investigue esta causa tendrá que analizar la situación para no afectar a gente que podría ser inocente.

Los jueces Gabriel Noboa, presidente del 5º Tribunal Penal, y Esteban Arellano, del 4º Tribunal Penal, advirtieron ayer que hace un mes los presos que podrían salir libres (si el Congreso deroga la detención en firme), no concurren a las audiencias. Se esconden o simplemente no salen de sus celdas, para evitar ser sentenciados.

Arellano expresó que la inasistencia de los reos se hizo notoria en las tres últimas semanas. El magistrado se refirió a un caso en particular que involucra a su tribunal. Dijo que para mañana convocó por quinta ocasión a los detenidos Roberto Gregorio Sojos Arcos y Nixon Ottón Moreno Ayala, acusados del asesinato de Pedro Alexandro Gómez Bajaña.

“Pedí al director de la Penitenciaría (Juan Defaz) que con uso de la fuerza pública hiciera traer a los imputados hasta el Tribunal, pero no pudo lograrlo. Ahora oficié al jefe del IV Distrito de la Policía (general Bolívar Cisneros), para que con ayuda policial se traslade a estos acusados”, señaló el juez.

Arellano calificó de “un caso insólito que haya un comité de detenidos en el Centro de Rehabilitación Social, porque eso no se da en ninguna parte del mundo”.