Con su publicación en el Registro Oficial Nº 528, ayer entró en vigencia la resolución de la Secretaría Nacional de Remuneraciones (Senres) que contiene las políticas, normas e instrumentos que servirán para suprimir puestos públicos. Esta semana está previsto entregar las primeras notificaciones de estos despidos.

El texto plantea que todas las entidades del sector público –autónomas, fundaciones, corporaciones o empresas con participación estatal– deben someterse al plan de supresión de partidas; pero, Ramiro Espín, secretario de la Senres, dijo que los 5.000 servidores que serán separados de sus cargos son funcionarios de 69 instituciones del Gobierno central (Ejecutivo y los 15 ministerios).

El presidente de la Federación de Servidores Públicos, Miguel García, anunció que demandará la inconstitucionalidad de la resolución, y se presentarán recursos de amparo individuales.

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Los trabajadores consideran que no hubo el tiempo necesario para la evaluación de los puestos. “Hoy (ayer) recién se publican las normas, pero las listas ya están hechas. Además, aunque consten en el papel, las autónomas no entran en el proceso”, dijo García.

El objetivo de los despidos es ahorrar cerca de $ 30 millones, para con eso financiar la homologación salarial.