Las fórmulas para reestructurar las cortes se multiplican en el país

Mientras el Gobierno insiste en que la mejor vía para una reestructuración de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es la consulta popular que planteó al Parlamento, dentro de este y en la sociedad civil se discuten otras opciones.

La Asamblea de Quito, que nació con la marcha del miércoles pasado en la capital, tiene previsto entregar al Ejecutivo su propuesta hoy. Básicamente plantea una reforma a la Ley Orgánica de la Función Judicial y que una Comisión Especialísima se encargue de las impugnaciones y calificaciones de los nuevos magistrados.

Ayer, en el programa ‘Cero Tolerancia’ de Ecuavisa, se explicaron posturas.

El  vicepresidente del Parlamento, Jorge Montero (CFP), quien reconoció haber presidido la sesión que cambió a la anterior Corte Suprema, defendió su accionar, que fijó fue constitucional. Sin embargo, dijo que no todos los magistrados electos reúnen los requisitos morales y éticos para hacer justicia.

Ante ello, recordó que el pasado 2 de febrero presentó un proyecto que aspira a reorganizar las cortes, con el fin de “capitalizar el descontento del pueblo ecuatoriano”.

En su moción, Montero dijo que los magistrados deben poseer título de abogado y doctor en Jurisprudencia al menos con 15 años de vigencia. También consideró necesario que hayan ejercido la cátedra universitaria y que sean autores de cinco obras en Derecho.

Valeria Merino, quien es parte de la Asamblea de Quito, discrepó con Montero en el número de años de graduado.
Dijo que la Constitución establece 15 años, pero de ejercicio de la abogacía, de modo que el doctorado pudo obtenerlo un día antes del nombramiento.

La funcionaria le dio importancia a requisitos como el no adeudar a la AGD y el no poseer juicios o contratos incumplidos con el Estado.

Estableció además, que la Corte no sea designada por políticos o partidos políticos, para lo cual la elección debe hacerla otro organismo. Una  opción –expuso– sería la creación de una Comisión Especialísima, que hasta ahora se había llamado de notables.

Mientras que el ministro de la CSJ, Ramiro Román, dejó clara su postura de que el nombramiento lo debe al Congreso en conjunto con el pueblo ecuatoriano. En ese caso, añadió, está dispuesto a acatar cualquier resolución.

“Pienso que el pueblo y el Parlamento deben pronunciarse, pero en forma objetiva, discutiendo no solo la reorganización de las cortes, sino también cómo se están manejando las asignaciones internacionales en el Ecuador”, expresó el magistrado.