Analistas apoyan intervención de funcionario de Naciones Unidas

Como positivo para el país y la defensa del sistema democrático catalogaron ayer tres analistas consultados por este Diario a la posible intervención del relator de las Naciones Unidas (ONU), Leandro Despouy, con el fin de solucionar la crisis jurídica por la que atraviesa el Ecuador.

Vladimiro Álvarez Grau, ex ministro de Gobierno, cree que como sistema democrático es conveniente y necesario la presencia del relator de la ONU, para que el presidente de la República y sus aliados sepan que no pueden hacer en el país lo que quieran, atropellando la Constitución y las leyes, sin que haya un organismo internacional que pueda llamarles la atención y aislar al Gobierno de los beneficios de la comunidad internacional.

“El presidente debe generar el ambiente apropiado y los estímulos necesarios a los diputados de su mayoría, para que permitan regularizar el estado de derecho y encontrar una fórmula constitucional de integrar la Corte Suprema y los demás organismos de control”, expresó Álvarez.

Según el analista Medardo Mora, miembro del Consejo Nacional de Universidades (Conesup), el poder judicial tiene que ser renovado y su independencia debe respetarse.

Para ello dijo, “si el camino es la intervención amistosa de organismos u organizaciones internacionales, eso no puede tomarse como ofensivo al país, sino como una contribución para que se rectifique lo que se hizo violando la Constitución”.

Mora sostuvo que el Parlamento Nacional no tenía ni tiene la facultad de interferir en la Función Judicial y nombrar cuando le interese, con acuerdos espurios de repartos de magistrados, a los miembros de la Corte Suprema como aconteció en el Ecuador.

El ex ministro de Educación, Claudio Malo, indicó que en los últimos tiempos no se puede quebrantar las leyes en el interior de un país sin que uno de afuera opine.

Como ejemplo, el ex funcionario citó la dictadura de Pinochet, en donde hubo intervención internacional para que no queden en impunidad algunos hechos.

Así -dijo- la intervención de la ONU sería legítima si queremos que la democracia sea resguardada y el objetivo es evitar que se quebranten las normas constitucionales.