Los máximos ejecutivos de la generadora Machala Power comenzaron a estudiar la posibilidad de suspender la producción eléctrica y empezar un arbitraje  internacional en contra del Estado si las autoridades no inician un proceso de mediación local.

“No hay progreso en la solución de los graves problemas (...) –que enfrenta el Gobierno y esa compañía–, y estamos preocupados por el estancamiento de la posible mediación”, sostuvo John Tomich, gerente de Machala Power antes de viajar a Houston, Estados Unidos, el jueves pasado.

En ese país, Tomich sesionará con los titulares de Noble Energy, matriz de la generadora, y “la reunión podría ser decisiva para el futuro de la operación y generación de electricidad en el Ecuador”, insistió el ejecutivo.

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En días pasados, el Consejo Nacional de Electricidad (Conelec) y esa generadora acordaron nombrar al ex ministro de Economía, Mauricio Pozo, como el mediador local, pero hasta ayer no se había dado ninguna reunión.

En temporada de sequía, Machala Power produce entre el 12% y el 14% de la energía que el país demanda, y en época lluviosa entre el 6% y 8%.

La compañía exige que el Estado le cancele $ 28,22 millones, que corresponden a la deuda por compra de energía; espera, además, un trato igualitario en el mercado eléctrico (recibir los mismos beneficios que se otorgan a las generadoras estatales) y un pago puntual o en condiciones similares al que recibe Colombia (cuya energía –que Ecuador compra– se cancela en anticipo, según Tomich).

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La deuda del Estado “casi alcanza el 60% de los ingresos anuales de la compañía”, precisó el ejecutivo. La mora estatal –prosiguió– ha impedido que la generadora cancele más de 14 millones de dólares a su proveedora de gas (que utiliza para generar electricidad).

El presidente del Conelec, Rubén Barreno, prefirió no pronunciarse sobre el tema.
En el Ministerio de Economía, se comunicó que las autoridades intentaron a través del decreto de emergencia –vigente de enero a marzo– enfrentar el problema. La disposición permite que las generadoras públicas y privadas puedan adquirir combustible a crédito en Petrocomercial. La intención del ministerio era cruzar ese consumo con el monto que adeude el Estado.