Las reformas proponen

CAMBIOS A LA AGD 
Pagar las acreencias de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) “en bienes de cualquier especie” y, para su retiro, un plazo de 90 días, desde la última publicación del cronograma de pagos.

Las reformas también buscan acelerar la liquidación de los bancos cerrados, la venta de los bienes confiscados a los banqueros y el cruce de deudas entre el Ministerio de Economía y Finanzas, la AGD, la Corporación Financiera Nacional y el Banco Central del Ecuador.

Se reformaría la ley Trole 1, en la parte que crea a la Agencia de Garantía de Depósitos.

INVERSIONES
Con cambios legales, se busca abrir la posibilidad de que el Banco Central (BCE) pueda invertir, por mandato legal, fondos de terceros como del Fondo de Solidaridad, de la Función Judicial, del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep).

El representante legal deberá instruir la inversión, “de no hacerlo, será responsable pecuniariamente de las pérdidas que se puedan producir por la falta de inversión de dichos fondos”.

IMPUESTOS
La exoneración de los impuestos que impiden la “transferencia de dominio (venta)” de los bienes del Estado. En este aspecto, se contempla a los tributos municipales, especialmente, y la  exoneración de “toda clase de impuestos y contribuciones fiscales, municipales y especiales, en particular el de alcabala”, para las transferencias en las que intervengan la AGD, la CFN, el BCE y los fideicomisos de los que son beneficiarias estas entidades.

SEGURIDAD SOCIAL
La reforma de los artículos  declarados inconstitucionales y “corregir el actual sistema de pensiones” es otra propuesta. Para ello, se crean las Instituciones Administradoras de Recursos Previsionales (IARP) privadas, en lugar de las Entidades Depositarias del Ahorro Previsional (EDAP) que  eliminó el Tribunal Constitucional. Además se plantea canalizar parte del ahorro de pensiones a proyectos productivos. Se reformaría la Ley de Seguridad Social.

HIDROCARBUROS
Insistir en la participación de empresas nacionales o extranjeras en la explotación de los campos en los que  solo opera Petroecuador (Sacha, Shushufindi, Auca, Culebra-Yulebra y Lago Agrio).

Para ello plantea la ampliación de los contratos de asociación y determina que son campos marginales aquellos que, con esa calificación, “representan hasta el 5% de la producción nacional”.

Para esto se reformaría la Ley de Hidrocarburos.

ELECTRICIDAD
Reconocer la existencia de un subsidio indirecto por la diferencia entre los pliegos tarifarios aprobados por el Consejo de Electricidad y los valores facturados por las distribuidoras al consumidor  para el periodo de abril de 1999 a diciembre del 2004.

El Ministerio de Economía emitiría bonos, incluso más allá del tope de la Ley de Responsabilidad Fiscal, para cubrir el subsidio. Se reformaría la Ley de Régimen del Sector Eléctrico.

RECURSOS
El paquete incluye un nuevo mecanismo para la distribución de recursos a los organismos seccionales. A partir del 2006, el monto del aporte fiscal sería equivalente al valor aprobado para el 2005 y se ajustará cada año.

Plantea tablas de repartición de recursos de acuerdo con la población de las diferentes jurisdicciones. La prioridad, sin embargo, estaría en los
 cantones con mayores índices de pobreza. Se reformarían las leyes de distribución del 15%, del Fondo de Desarrollo Seccional y del Fondo de Estabilización Petrolera.

COBRO DE DEUDAS
Se sugiere conferir al Ministerio de Economía la jurisdicción coactiva “para el cobro de las obligaciones de las que sea acreedor el Estado, como administrador de las finanzas públicas, o las propias de aquel ministerio”.

Así, el MEF podría celebrar contratos para extinción de obligaciones, exclusivamente con entidades del sector público y/o con empresas en
las que el Estado tenga al menos el 51%, “siempre que no afecten recursos presupuestarios”. Se reformaría la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control.