La mayoría comienza a moverse en el Congreso

En el Parlamento hay un acuerdo para reestructurar la Función Judicial, lo único que falta es definir el mecanismo. Ayer se empezaron a discutir propuestas para establecer una agenda de trabajo para la próxima semana. Mientras que la Asamblea de Quito terminó un proyecto con el mismo objetivo.

El Gobierno ha mantenido silencio, pero se presenta más conciliador con opositores.

La conformación de una nueva Corte Suprema de Justicia se discute por iniciativa de la oposición liderada por la ID, PSC y Pachakutik, que hasta ayer contaba 51 votos.

Esta nueva mayoría, distante del gobierno, tendría el respaldo de los 22 diputados de socialcristianos; 14 de Izquierda Democrática; 6 de Pachakutik; 3 socialistas; 2 de la Democracia Popular; 1 cefepista y los independientes Patricio Dávila, Edgar Ortiz y  Luis Mejía.

Trascendió que el diálogo incluye pedir al presidente de la legislatura, Omar Quintana, cambiar la agenda e introducir temas como el tratamiento de la inmunidad parlamentaria de León Febres-Cordero.

La oposición liderada por la ID, PSC y Pachakutik hasta ayer sumaba 51 votos a favor de nombrar una tercera Corte Suprema de Justicia (CSJ), y podrían llegar a 58 si se agregan las siete voluntades de diputados independientes que también se pronunciaron por el cambio.

Los 51 votos provienen del Partido Social Cristiano, 22; 14 de la Izquierda Democrática; 6 de Pachakutik; 3 socialistas; 2 de la Democracia Popular; 1 cefepista y los independientes Patricio Dávila, Édgar Ortiz y  Luis Mejía Montesdeoca.

Otros independientes que podrían sumarse a la decisión política de designar una nueva CSJ son: Rodrigo García, Augusto Guerrero, Felipe Tsenkush, Héctor Orellana, Aurelio Llori, Franklin Sanmartín y Mesías Mora; este último aseguró que los siete diputados actuarán juntos y ayer ratificó la decisión de dar una salida constitucional y legal a la Corte, “tampoco cerramos la posibilidad de una reestructuración de los tribunales”, dijo.

Lo que al momento se estudia es el procedimiento; pero la primera coincidencia en este tema es que la solución no sea vía consulta popular como lo plantea el Ejecutivo, sino por reforma legal.

Los independientes liderados por Mesías Mora señalaron que se debería acoger los resultados de la consulta popular de 1997, donde el pueblo dijo que en la designación de los magistrados no intervenga el Congreso, y por ello, lo que se tendría que hacer es reformar la Ley Orgánica de la Función Judicial.

La Democracia Popular, según Ramiro Rivera, consideró que la designación debe hacerse mediante colegios electorales, pero “el cuello de botella” está en quién designa la comisión de ética que calificará a los 31 magistrados.

La Izquierda Democrática a través de Carlos González planteó que se apliquen los resultados de la consulta popular de mayo de 1997, donde los candidatos a magistrados los presenten los 12 colegios electorales allí identificados; pero que la selección de los jueces se realice a través de una Comisión Especialísima, para lo cual se tendría que reformar la Ley Orgánica de la Función Judicial donde constaría los requisitos para ser parte de la comisión.

Además propone que sea el Ejecutivo quien envíe por la vía urgente la reforma para asegurar que el proyecto no sea vetado.

Salvador Quishpe de Pachakutik también indicó que no cabe una nueva consulta popular, sino aplicar los resultados de la que se hizo en 1997.

El socialista Víctor Granda expresó que están dispuestos a sumar sus votos para provocar un cambio en la Corte Suprema, pero plantean que sea a través de la consulta de León Roldós.

Rafael Dávila, que actúa junto a cuatro diputados independientes aliados al régimen, dijo que el Presidente de la República debería escuchar y abrir un espacio al diálogo e invitar a los líderes de las movilizaciones de Quito y Guayaquil para encontrar una solución a la temporalidad de la Corte.

El sector de la oposición y sus nuevos aliados comenzarán a operar la próxima semana, cuando exijan al presidente de la legislatura, Omar Quintana, que cambie la agenda legislativa e introduzca en el orden del día la revisión de la designación de los tres últimos vocales del directorio del Banco Central donde consta el ex asesor presidencial, Polibio Córdova; se niegue la terna presentada por el Consejo Nacional de la Judicatura para designar al Fiscal de la Nación y se tramite el pedido de levantamiento de la inmunidad parlamentaria al diputado León Febres-Cordero.

Esos temas permitirán medir la fuerza que tendría la mayoría legislativa que comienza a formarse.