Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y los vocales de los tribunales Constitucional (TC) y Supremo Electoral (TSE) advirtieron ayer que no renunciarán a sus cargos, como lo demandó la movilización de la Asamblea de Quito.

Los miembros de esos tres organismos aseguraron que se sujetarán a las resoluciones políticas que se adopten en el Congreso, ya sea de cesarlos en funciones o de convocar a una consulta popular que decida su suerte.

En esa línea se pronunció el magistrado Gonzalo Muñoz, quien considera que la petición de la movilización de Quito debe ser tamizada y ejecutada por el Congreso.

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En tanto, los magistrados se mantendrán en sus puestos, pues su designación es constitucional, dicen.
El presidente del Tribunal Constitucional, Estuardo Gualle, coincidió con los magistrados al expresar que el único organismo que puede revocar su mandato es el Parlamento.

Tras defender la legalidad de su designación, también el presidente del TSE, Wilson Sánchez (Prian), señaló que el organismo que preside fue conformado por el Congreso, de acuerdo con lo que determina la Ley de Partidos Políticos, es decir, con los representantes de las organizaciones más votadas.