La Constitución de la Unión Europea (UE), que se votará en España el próximo 20, convierte en una política común la gestión eficaz de los flujos migratorios hacia Europa, necesarios para mantener el nivel de bienestar de un continente que envejece a pasos agigantados.

De manera general, las cuestiones sobre inmigración y asilo pasarán a ser decididas por la mayoría calificada de los estados miembros en lugar de la actual unanimidad, lo que facilitará la toma de decisiones, pero este cambio no se aplicará a la inmigración legal, que los países consideran una cuestión muy sensible.

La Carta Magna estipula que la Unión desarrollará una política común de inmigración, destinada a garantizar en todo momento una gestión eficaz de los flujos migratorios, así como una prevención contra la inmigración ilegal y la trata de seres humanos.

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Las leyes europeas fijarán las condiciones de entrada y residencia.