España repatrió a 121.121 inmigrantes irregulares en  2004, lo que supuso un aumento del 28,9% respecto a 2003, cuando fueron  devueltas a sus países 93.951 personas, informó este martes el ministerio del Interior español.
 
Una de las principales causas de esta subida se encuentra en las  readmisiones (expulsiones en virtud de acuerdos con terceros países) que aumentaron de 51.413 personas en 2003 a 83.409 el pasado año, según la misma fuente que no precisa las nacionalidades de los repatriados.
 
El principal país que readmitió a inmigrantes pasados ilegalmente a España  desde su territorio fue Francia que recibió 82.286 personas en 2004, lo que  supuso un aumento del 63,24% respecto a 2003 (50.407 inmigrantes irregulares).
 
En cambio, tanto los retornos (las personas que son rechazadas en puestos  fronterizos), como las expulsiones y las devoluciones (personas que intentaron  entrar ilegalmente en España o, habiendo sido expulsadas, contravinieron la  orden) redujeron sus cifras.
 
Los retornos cayeron de 14.750 en 2003 a 11.280 personas el pasado año,  debido principalmente, según el ministerio, a que "cada vez son menos los  ciudadanos iberoamericanos que llegan a España sin cumplir los requisitos de  entrada".
 
Otras 13.296 personas fueron expulsadas de España en 2004, cuando en 2003  se habían visto afectados por una orden de expulsión 14.104 inmigrantes  irregulares, al igual que, mientras en 2003 fueron devueltas 13.684 personas,  en 2004 esa cifra se redujo a 13.136 inmigrantes clandestinos.
 
Esta reducción de las devoluciones se debe, según el gobierno español, a la  menor afluencia de "pateras", embarcaciones precarias usadas por los  inmigrantes clandestinos para tratar de llegar desde Africa a las costas de las  islas Canarias y al sur de la península a través del estrecho de Gibraltar.
 
Las patrullas conjuntas hispano-marroquíes y el sistema de alerta  electrónico puesto en marcha en el estrecho y en las islas Canarias ha  contribuido a esta caída de la afluencia de pateras.
 
España, que se encuentra inmersa en un proceso extraordinario de  regularización de inmigrantes que cuenten con un contrato de trabajo, entre  otros requisitos, reiteró también su intención de seguir luchando contra la  inmigración ilegal "siempre desde el respeto a los derechos humanos"