El  Gobierno español aclara que la legalización es para los inmigrantes que ya ocupan un puesto de trabajo.

El trámite de la certificación del récord policial y partidas de nacimientos que necesitan los ecuatorianos en España para acogerse al proceso de regularización es ahora una cuestión de minutos en Guayaquil.

Desde ayer funciona una nueva oficina para ese fin en las calles Boyacá y Luis Urdaneta, la que reemplaza a la de García Moreno y Colón, donde reinaron el caos, largas colas y la angustia de quienes pugnaban por obtener el documento y enviarlo a España a sus familiares.

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“Me he quedado sorprendido de la atención”, dijo Christian Martínez, quien aseguró que en 5 minutos obtuvo la certificación del documento para su hermano que vive en Madrid.

Otras dependencias para el mismo fin funcionan en la Policía Judicial (Av. Portete y Av. Barcelona) y en el edificio El Marqués (Av. Nueve de Octubre y Los Ríos).

El viernes pasado fue destituida la subsecretaria Esther Chávez, debido al caos que se registró en el trámite. Sin embargo, las asociaciones de ecuatorianos en España reclaman la presencia de una brigada policial que otorgue directamente en España el récord policial.

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En tanto, el jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, dijo ayer que la regularización pretende evitar la entrada masiva de ilegales a España.

El presidente del gobierno español, el socialista  José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó ayer que la política migratoria  implementada por el ejecutivo que dirige pretende “frenar la entrada masiva de  inmigrantes” a España. 

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“No solo vamos a poner orden en la inmigración que está trabajando aquí de manera irregular, sino que vamos a frenar lo que representa una entrada masiva  de inmigrantes en nuestro país”, sostuvo Zapatero. 

En opinión del Mandatario, a España “tienen que entrar aquellos (inmigrantes) que puedan trabajar”.

“Eso es bueno para el inmigrante, bueno para el país de donde viene porque  envía remesas y bueno para nuestro país”, precisó Zapatero luego  de subrayar que fue justamente durante el periodo en que gobernó el Partido Popular (PP, derecha) entre 1996 y 2004, cuando a España ingresó “más de un  millón de inmigrantes ilegales”. 

La inmigración “ha de estar vinculada a la posibilidad de trabajo, de estar en nuestro país de forma legal y con derechos”, enfatizó  Zapatero, antes de puntualizar que “toda la ciudadanía quiere que los  inmigrantes que estén trabajando coticen a la seguridad social”. 

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Aseguró que el problema en la llegada de inmigrantes “no son las pateras (coyotes)”  pues la mayor cantidad llega a España “en apariencia regular” y  por ello pidió un “esfuerzo mayor de la Unión Europea (UE) en el control y los  requisitos para la entrada”. 

El gobierno socialista español abrió el 7 de febrero pasado -y hasta el 7  de mayo- un proceso de regularización excepcional que beneficiará a unos  500.000 inmigrantes, en su mayoría latinoamericanos. Estos deberán reunir una  serie de requisitos: un contrato de trabajo de seis meses, un certificado de  antecedentes penales limpio y un certificado de residencia en España fechado  antes del 7 de agosto de 2004 incluido.

El ministro español de Trabajo, Asuntos Sociales e Inmigración, Jesús Caldera, precisó que el proceso “no es una regularización de inmigrantes, sino una legalización de trabajadores que ya ocupan un puesto”.

“En esta primera semana los resultados han sido excelentes, no hemos tenido que devolver casi ningún expediente”, añadió.