El traspaso de los bienes de las compañías Eléctrica del Ecuador (Emelec) y Electroecuador al fideicomiso de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) con lo que se deja sin efecto el fideicomiso local, es visto este lunes con preocupación por el presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, Alberto Dassum.

Las compañías eléctricas formaron parte de los  bienes que considera la Orden General de Incautación del 8 de marzo del 2002, que pesaba sobre las propiedades del ex propietario del Banco del Progreso, Fernando Aspiazu.

“La politización es cada vez mayor”, señala Dassum, quien indica que en la Corporación para la Administración Temporal Eléctrica de Guayaquil (Categ), la politización ha aumentado. Por ello, señala el industrial, que no existen diferencias entre la administración de la eléctrica y Pacifictel.

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Esa politización es la que le traerá problemas a la distribución de energía eléctrica a Guayaquil a mediano plazo, como consecuencia de las malas administraciones de la Corporación, señala el industrial, quien cree que esto derivará en que no se hagan las inversiones que este servicio requiera.

Dassum, en declaraciones para Citynoticias (89.3 FM de Guayaquil),  explicó que los sectores productivos están preocupados por la situación de la Categ. Recuerda que en marzo del 2004 la Cámara de Industriales, a través de remitidos,  ha mostrado su preocupación por la forma en que estaba siendo administrada la Categ, y por ciertos contratos que generaban preocupación.

“Han politizado lo que tiene que ver con manejo de electricidad en Guayaquil”, expresó  Dassum. Señaló que en el tema eléctrico hay un total abandono por las autoridades.

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Por ello, indicó que los ecuatorianos verán “cómo esas empresas (eléctricas)  se convertirán en botines políticos o lugares en donde se dará empleo a parientes y amigos políticos de los gobiernos”.

Finalmente, Dassum cuestionó el cambio de fideicomiso local por el de la AGD para administrar los activos y pasivos de la Categ. Por ello señaló que el fideicomiso local no puede ser disuelto unilateralmente por el Estado, sino que comprende una situación que debe ser tomada por las partes.